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El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres llegará a pleno una moción en la que solicita la elaboración de un plan municipal contra la ocupación ilegal de viviendas.

El objetivo es que se refuercen las competencias del ayuntamiento en esta materia y que se endurezcan las sanciones penales.

La portavoz municipal de la formación, Raquel Preciados, ha resaltado que este “problema” produce desde hace años en España y “en el último año se ha visto agravado” porque “hay grupos de delincuencia organizada, que perpetran estas ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, y también están las realizadas por grupos antisistema. Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada”.

Preciados ha recordado que hay familias que han pagado su vivienda con su trabajo, “y no hay derecho a que se vean en la calle sin poder recuperarla inmediatamente a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales”. Por lo tanto, considera “urgente y necesario” introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su integridad, este fenómeno.

En los casos en los que los ciudadanos ocupan una vivienda porque no tienen dónde vivir, Ciudadanos cree que “la ley tiene que incidir también y dar cobertura social a estas personas que realmente lo necesitan”.

Por todo ello, propondrá en el pleno cacereño la elaboración de un plan municipal contra la ocupación ilegal de viviendas, con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin.

El texto de la moción recoge también la necesidad de potenciar la coordinación y la cooperación institucional para “reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal”, en particular, entre la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con la Administración de Justicia.

La moción también incide en que hay que “endurecer las sanciones penales de los delitos que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas”.


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