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La organización agraria UPA-UCE Extremadura reclama a la Junta que cumpla su “compromiso” con los agricultores y ganaderos de la región y pague “a tiempo” las ayudas de la PAC, que son “fundamentales” para muchos profesionales de la actividad ya que representan un tercio de los ingresos de las explotaciones.

Así, incide en que debido al impacto de la Covid, la Unión Europea adoptó dos medidas para aumentar el flujo de carga de los agricultores, como aumentar el anticipo de los pagos a partir del 16 de octubre y reducir los controles físicos del 5 al 3 por ciento y flexibilizarlos.

“Para que nos hagamos una idea, esta medida supone que más de 33000 explotaciones extremeñas reciban un montante de 300 millones de euros entre pago básicos y pago verde”, ha destacado en rueda de prensa este jueves en Mérida el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

Así, mantiene la importancia de este anticipo, ya que supone dar fluidez económica a las explotaciones que lo están pasando mal no sólo por la Covid, sino también por los precios “ruinosos” que se dan en muchos sectores y las “importantes bajadas” de producción debido a los problemas climáticos. “El gobierno regional tiene que cumplir su compromiso y permitir que esos pagos sean una realidad”, reclama.

Con respecto a la campaña del maíz, UPA-UCE destaca que se ha visto “muy afectada” por la climatología, con un retraso en la siembras debido a las lluvias y a las olas de calor, que han reducido la producción en torno a un 15 por ciento.

Esta organización agraria pone en valor que el maíz es un cultivo estratégico del regadío extremeño, ya que ocupa más de 40.000 hectáreas y el valor de la producción asciende a cien millones de euros. Además, sirve como regulador del resto de cultivos. Sin embargo, los precios siguen siendo “muy bajos”.

“El principal problema del sector son los bajos precios, que siguen congelados desde hace 30 años mientras los costes se han disparado”, apunta Huertas, señala en nota de prensa UPA-UCE Extremadura.

Esta situación está propiciando una “pérdida importante” de superficie, pasando de 50.000 hectáreas en 2016 a 41.000 este año, añade el responsable de UPA-UCE, que insiste en la necesidad de establecer una cláusula de salvaguarda que impida las importaciones masivas de países terceros durante la comercialización de maíz.


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