Unidades de élite de la Guardia Civil se encuentran patrullando desde la pasada madrugada las calles del municipio cacereño de Talayuela en respuesta a la petición formulada por el alcalde, Ismael Bravo, que reclamó ayuda de las autoridades ante la imposibilidad de frenar a determinados grupos de inmigrantes de origen magrebí que han generado una situación de alarma en la población tras saltarse el confinamiento.
Esta medida se ha adoptado con el objetivo de reducir la escalada de tensión que se vive en la localidad, que este sábado incrementó hasta los 105 los casos activos de Covid-19, muchos de ellos provocados por jóvenes inmigrantes que se han negado a acatar las normas sanitarias en vigor para contrarrestar la pandemia, sin guardar la cuarentena, dirigiendo insultos a las autoridades locales y haciendo frente a los cuerpos policiales.
En estos momentos recorren las calles del municipio dos patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) junto a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Talayuela. La Usecic es una unidad de élite de la Guardia Civil formada por agentes especializados preparados para actuar en grandes aglomeraciones, dispositivos antiterroristas, operaciones contra el tráfico de drogas y todo lo relacionado con el orden público.
El alcalde ha expresado su agradecimiento a todos los cuerpos policiales y a la Subdelegación del Gobierno por atender su petición.
«Tolerancia cero para quienes no cumplen con las medidas de seguridad contra el Covid-19; apoyo rotundo a nuestra Policía Local», ha manifestado el edil socialista, que se vio obligado a solicitar «ayuda urgente» a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres después de que él y algunos de los miembros de su equipo de gobierno y cuerpos policiales sufrieran amenazas, insultos y daños en sus vehículos particulares y en sus propios domicilios, trasladando el conflicto incluso al ámbito estrictamente familiar.
El jefe de la Policía Local de Talayuela, Pedro Blázquez, también advirtió que el cuerpo al que pertenece sólo dispone de recursos administrativos y que la imposición de sanciones a estas personas «no sirve de nada porque se declaran insolventes».
La situación por la que atraviesa el municipio ha obligado al ayuntamiento a solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura el retraso del inicio del curso escolar, previsto para el próximo 10 de septiembre. En el caso de aprobarse la petición, los alumnos se incorporarán más tarde a las aulas en Talayuela y en las entidades de Santa María de las Lomas y Barquilla de Pinares.
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