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El Ayuntamiento de Talayuela ha solicitado ayuda a las autoridades para poder frenar a varios grupos de inmigrantes de origen magrebí que incumplen reiteradamente la normativa en vigor frente a la Covid-19 y se niegan a respetar las medidas de aislamiento domiciliario que les han sido impuestas tras ser confirmados como casos positivos por PCR.

El municipio, de 7.400 habitantes, vive uno de sus peores momentos desde el inicio de la crisis sanitaria con 99 casos activos que han puesto en alerta a los vecinos ante la posibilidad de que se produzca un confinamiento de la población. Este mismo viernes, la Junta de Extremadura ha confirmado que ha declarado un nuevo brote al Ministerio de Sanidad en este municipio tras haber notificado 26 nuevos positivos y 10 contactos en sólo 24 horas. Las cifras oficiales permiten hablar hasta el momento de 65 casos activos en la Finca La Barquilla y 34 en la localidad de Talayuela.

Pero el verdadero problema se encuentra en el incumplimiento de las más elementales normas de respeto por parte de varios grupos de ciudadanos de origen magrebí. La situación es de tal gravedad que el alcalde, el socialista Ismael Bravo, ha reconocido a LA MAÑANA de Radio Interior que ha solicitado ayuda urgente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres para que intervenga, si es necesario, con varias unidades del Ejército.

Los vecinos temen el confinamiento porque supondría la paralización de la actividad empresarial, pero es la única vía de escape si no se adoptan medidas urgentes para el control de esta parte de la población. En caso contrario, Talayuela se convertiría en el municipio de mayor número de habitantes que retrocedería a la fase 2 de la desescalada, para lo que sería necesario disponer de una autorización judicial que restringiría la libertad de movimientos ciudadanos.

Distintas fuentes oficiales consultadas por LA MAÑANA han coincidido al afirmar que estos grupos de inmigrantes “se saltan el confinamiento” en una situación especialmente complicada por la imposibilidad de aplicar medidas restrictivas, ya que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales prohíbe conocer la identidad de los contagiados por PCR.

El alcalde ha recibido amenazas en numerosas ocasiones y varios agentes de la Policía Local han sufrido daños en sus vehículos y en sus propios domicilios, lo que supone trasladar el conflicto al ámbito familiar.

“Estamos atados de pies y manos y sentimos una gran impotencia” ha reconocido el alcalde, que se ha apresurado a aclarar que no se trata de ser intolerante con estos ciudadanos, sino de hacerles cumplir las normas como al resto de la población. Ismael Bravo asegura que estos grupos “actúan con una irresponsabilidad tremenda y ponen en peligro la vida de los demás”.

El propio alcalde fue víctima hace tan solo unos días de la presión social, cuando varios individuos zarandearon su vehículo en un momento en el que se disponía a acceder a la Finca La Barquilla, que se había quedado desabastecida de gas butano. Huyendo de cualquier provocación, al día siguiente realizó varias gestiones telefónicas, se puso el Equipo de Protección Individual (EPI) y comenzó a distribuir junto a varios concejales las bombonas de butano en esta finca, donde residen 345 vecinos, en su mayoría inmigrantes.

El jefe de la Policía Local de Talayuela, Pedro Blázquez, ha advertido a Radio Interior que, “lamentablemente” solo dispone de recursos administrativos y que imponer sanciones a estas personas “no sirve de nada porque se declaran insolventes”. Blázquez ha confirmado que se vive una situación tensa en Talayuela porque “hay grupos que no se adaptan a las normas” y ha reconocido que varios agentes están sufriendo amenazas, insultos y daños materiales en sus coches y casas.

“Sólo nos queda patalear para que se imponga un cambio normativo para atajar esta situación”, ha dicho el jefe de la Policía Local, un cuerpo que “sólo puede imponer sanciones administrativas y tiene sus limitaciones”. De hecho, hay varias personas que han sufrido numerosas detenciones y algunas de ellas acumulan hasta 20.000 euros en multas que nunca pagarán por saltarse el estado de alarma.

La tónica dominante en el equipo de gobierno es la preocupación. Los esfuerzos realizados por las autoridades municipales para proporcionar a estos ciudadanos material sanitario son baldíos porque no lo utilizan, generalmente no van provistos de mascarillas y se agrupan sin respetar las medidas de distanciamiento personal.

Otras fuentes municipales consultadas han reconocido que hay varios grupos de inmigrantes que “se encaran incluso con los agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y los miembros del equipo de gobierno”.

Aunque las autoridades sanitarias no lo han confirmado, hay indicios suficientes para pensar que el brote de Talayuela, o al menos una parte importante del número de contagios, procede de la Finca La Barquilla, pues varios residentes en la explotación decidieron abandonar la finca al tener conocimiento de que se iban a aplicar medidas de intervención administrativa que limitaban la libre circulación de personas fuera de la explotación.

Entre los 99 casos activos positivos de Covid-19 existentes en La Barquilla y Talayuela no sólo hay población inmigrante, ya que el brote también afecta a vecinos naturales del municipio. Por si fuera poco, la situación se produce en el peor momento posible, a las puertas de un puente festivo de varios días que en muchas localidades de Extremadura se prolongará hasta el día 9 de septiembre y con los despachos oficiales funcionando a medio gas.

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