La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha pedido la retirada del proyecto de Norma de Calidad de Aceite de Oliva que ha elaborado el Gobierno, que considera «insuficiente» y que «carece del sentido común necesario que ayude al sector, que se encuentra inmerso en una grave crisis y con unos precios insostenibles para el productor».

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha destacado la necesidad de que la norma de Calidad del Aceite de Oliva «arroje transparencia y seguridad» tanto al agricultor como al consumidor, por lo que es necesario que permita, entre otras cosas, la «perfecta identificación» de los distintos tipos de aceite de oliva, desde el virgen extra al virgen, aceite de mezcla, o no refinado.

También ha solicitado que esa norma incluya una «identificación clara» de los olivares de procedencia, dependiendo del sistema, y siempre en favor del aceite producido en olivar tradicional, señala APAG Extremadura Asaja en nota de prensa.

Para el dirigente agrario, la redacción del borrador de la actual norma «no aporta ninguna transparencia o claridad» lo que hace que en vez de ayudar a los agricultores lo que permita es que se convierta en «una herramienta clara para la especulación», señala.

Además, añade que la nueva norma en la que se está trabajado también es «confusa», ya que modifica la definición del olivarero que se transforma en elaboradores de aceite y no productores de aceituna, además de incluir otros aspectos como es la obligatoriedad de envasar el aceite de oliva virgen extra en cristal, incrementando los costes en nuestras cooperativas y almazaras, apunta.

Ante esta situación, Metidieri ha reafirmado que «el sector no está para más confusión y para más norma que al final suponga un incremento de costes al agricultor», por lo que APAG Extremadura Asaja ha solicitado la retirada del actual proyecto y ha reclamado que se trabaje sobre una norma de calidad «transparente y segura y, ante todo, que no favorezca la especulación».

Concluye asegurando que el sector está para que se pongan en marcha «medidas con sentido común, que favorezcan la defensa de unos precios justos y la calidad del producto para los consumidores» y no para la defensa de las grandes multinacionales.