Los ayuntamientos y los municipios de más de 5.000 habitantes tendrán la potestad de tramitar los permisos urbanísticos para agilizar la burocracia y fortalecer el tejido económico y social, según ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

El decreto ley de medidas urbanísticas y de ordenación del territorio que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno en su reunión de carácter extraordinario se ha marcado el objetivo de agilizar los trámites para la implantación de actividades económicas en los municipios de la región.

Como novedades más relevantes se produce una descentralización de trámites en municipios de más de 5.000 habitantes o que pertenezcan a mancomunidades que tengan oficina de gestión urbanística, dotándolos de unas reglas que les den seguridad jurídica para poder calificar actividades en el medio rural.

A partir de ahora serán los ayuntamientos y mancomunidades los que concedan los permisos, lo que reducirá considerablemente los plazos, según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, responsable del área de urbanismo y ordenación del territorio del gobierno regional.

Con este decreto ley se pretende anticipar la aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenibles para Extremadura (LOTUS), aprobada en 2018, que tenía como objetivo dinamizar el tejido empresarial a la vez que conservaba y protegía los recursos de la región.

Sin embargo, ha indicado García Bernal, la situación actual hace inviable para los municipios de la región adaptarse a la LOTUS, tanto en el aspecto  económico como en el de los plazos establecidos. Por ello, lo que ahora se pretende con este decreto ley es “anticipar” la aplicación directa de muchos de los preceptos incluidos en la LOTUS, dotándolos de la consiguiente seguridad jurídica y de unas reglas claras que permitan su adecuada puesta en práctica e interpretación, ha subrayado la consejera.

El objetivo fundamental es reducir la burocracia, agilizar los trámites para la implantación de actividades económica y establecer un marco jurídico para las actividades que, por novedosas, no se encontraban recogidas en los planes generales municipales y que son compatibles con el desarrollo sostenible pero obligaban a adaptaciones de planeamiento largas y costosas.

De esta manera, se reducen considerablemente esos plazos y aquello que no esté expresamente prohibido en los planes generales municipales, será autorizable, según la Junta de Extremadura.

Del mismo modo se ha acordado que la licencia de primera ocupación para viviendas tendrá silencio positivo y se establece un régimen transitorio flexible para la adaptación a la LOTUS de los municipios de más de 10.000 habitantes. Además, se establecen medidas que faciliten, aceleren y flexibilicen  por parte de los ayuntamientos la regularización de asentamientos en suelo rústico.