La Junta de Extremadura ha declarado a la Fiscalía el fallecimiento de 355 ancianos en residencias como consecuencia del coronavirus. En esta cifra se encuentran incluidas las personas mayores que murieron con síntomas pero sin haberles realizado la prueba.
El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, compareció este martes para informar sobre el Covid-19 y anunció que el objetivo de la Junta siguen siendo las residencias de mayores de Extremadura, no sólo porque es donde se encuentra la población más vulnerable por la edad de los usuarios, sino también por su situación de dependencia o por las enfermedades asociadas que tienen.
Vergeles informó que han fallecido 355 personas mayores que provenían de residencias de Extremadura y aclaró que en esta cifra se encientran incluidos aquellos pacientes a los que se les realizó la prueba del Covid-19 y dio resultado positivo, pero también aquellos que sin estar confirmados han tenido que ser declarados a la Fiscalía porque el médico que certificó su defunción puso como causa de la muerte el coronavirus.
Por tanto, del total de 397 personas fallecidas hasta este martes, 355 eran mayores que procedían de algún centro residencial de la comunidad autónoma.
El consejero de Sanidad informó también que en la actualidad hay 958 personas infectadas del total de más de 14.000 que conforman la población residencial de mayores de Extremadura. Según los datos facilitados por Vergeles, hasta este martes 73 residencias tienen algún positivo.
También reconoció que las residencias que más preocupan a la Junta de Extremadura son El Cuartillo (Cáceres), El Encinar (Don Benito), Domusvi (Badajoz), El Romeral (Talayuela), la municipal de Coria, y Los Pinos en Plasencia.
A este respecto reconoció que El Cuartillo es la que más fallecidos ha tenido y "la que más quita nuestros desvelos". En este centro han perdido la vida 69 personas de las que 28 han sido confirmadas por coronavirus. Según Vergeles, el resto de fallecimientos ha sido declarado a la Fiscalía porque el facultativo que certificó la defunción sospechó que podrían haber tenido la enfermedad, aunque "sin confirmación exacta" porque no se les hizo ninguna prueba.
