El juicio por el “caso Plasencia” ha quedado visto para sentencia después de cuatro intensas jornadas de sesiones en los nuevos juzgados de la ciudad. La última la de este sábado que terminó alrededor de las 17.00 horas.
Los abogados de los acusados responsabilizaron a la figura del interventor municipal que ninguno de los políticos hubiese sido consciente de las irregularidades en la contratación de las obras ya que, según los letrados, no cumplió con su labor fiscalizadora.
Consideran que si el técnico municipal hubiera paralizado el proceso judicial al detectar una posible ilegalidad el “caso Plasencia” no se habría producido y debería haber garantizado la legalidad en materia económica.
El fiscal se mantiene en su escrito de acusación preliminar y pide penas de cárcel, inhabilitación y multas económicas para los acusados aunque dejó claro que ninguno de ellos está acusado de un delito patrimonial ni haberse llevado dinero de las arcas municipales. El representante del Ministerio Fiscal también se ha centrado en el informe de la perito judicial que estimaba el sobrecoste en cinco de las siete obras, aunque los peritos de obras públicas aportados por la defensa expusieron que la perito había utilizado una base de precios del sector de la construcción que no estaban actualizadas, de hecho, dos abogados solicitaron invalidar dicho informe.
Así concluye que los seis políticos cometieron un evidente delito continuado de prevaricación porque fraccionaron las siete obras de manera consciente y las adjudicaron al constructor Romero Vega. También mantiene que el constructor obtuvo un beneficio de 306.000 euros con los proyectos ejecutados en la ciudad, lo que supuso un perjuicio para las arcas municipales del ayuntamiento.
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