La dispersión geográfica y poblacional, la territorialidad y el grado de ruralidad son criterios que se deben tener en cuenta en la memoria económica de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Así lo ha defendido la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid.

 Una reunión convocada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para debatir las aportaciones de las comunidades autónomas relacionadas con esa memoria económica.

La consejera ha destacado el trabajo "riguroso y serio" desarrollado por el Ministerio al "establecer un mínimo cuantitativo del coste que supone la implantación y puesta en marcha de la LOMCE", cifrado en 408 millones de euros.

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A la salida de la reunión, Nogales ha indicado que se pondrá en marcha una comisión de trabajo para que las comunidades autónomas realicen sus aportaciones. "La memoria económica es un documento abierto en el que vamos a seguir trabajando para encontrar los puntos de consenso, porque la nueva ley debe tener en cuenta las distintas realidades".

En este sentido, en Extremadura ya se está trabajando para evaluar el coste que implica las reformas educativas. Entre otros aspectos se está analizando la puesta en marcha de la Formación Profesional básica. "Una apuesta muy ambiciosa que servirá para luchar contra el fracaso y el abandono escolar", ha indicado la consejera. "Ante esos problemas no podemos mirar para otro lado, sino redoblar esfuerzos".


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