El presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata, el socialista Alfonso Beltrán, ha manifestado que acata la sentencia del TSJEx en la que se reconoce que se vulneraron derechos fundamentales al expulsar a Moraleja el 9 de octubre de 2009 del ente comarcal y al no facilitarle la documentación pertinente sobre esa deuda para su estudio antes de la convocatoria de pleno.

Beltrán ha lanzado un mensaje claro al alcalde electo de Moraleja, Pedro Caselles (PP): seguirá "exigiendo al ayuntamiento el pago de la deuda contraída con la comarca por el servicio de recogida de basuras cifrada en 146.819 euros". "Volvemos a admitir a Moraleja y si no paga la deuda volveremos a expulsarla", sentenció negando cualquier trasfondo político en la decisión.

El presidente en funciones de la Mancomunidad de Sierra de Gata considera que el auto les da la razón "en el fondo porque se reconoce que ha habido un defecto de forma". Beltrán recuerda que una cuestión es la deuda que tiene el ayuntamiento, y otra el pleito por daños y perjuicios que se había valorado en 1.454.050 euros.

 Falta de información

El presidente en funciones de la Mancomunidad de Sierra de Gata ha felicitado al abogado que ha defendido el caso del Ayuntamiento de Moraleja, ya que reconoce que en el procedimiento hubo dos defectos de forma, es decir, el informe de le gerencia que no se facilitó a Moraleja y la no convocatoria de la comisión previa que se requería. No obstane, Beltrán considera que el ayuntamiento sabía perfectamente la cantidad exacta porque "se había visto en las reuniones".

El presidente en funciones lamentó que se hayan "perdido dos años" y se mostró partidario del diálogo, aunque reiteró que el problema "es económico" y no político. Sobre la nueva Ley de Mancomunidades, que incluye el voto ponderado atendiendo al número de habitantes, y que beneficiaría a Moraleja al ser la localidad más poblada de la comarca, Beltrán se muestra favorable a que Moraleja tenga una mayor representatividad. No obstante, matizó que a nivel regional el PP presentó un recurso contra esta normativa "con la que no están de acuerdo".

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