El grupo socialista de Almaraz pondrá en conocimiento de la Fiscalía el destino de los seis millones de euros que el ayuntamiento ha cobrado de la Central Nuclear de Almaraz (CNA) por el IBI del presente año, al no dar explicaciones suficientes la alcaldesa de la localidad, Sabina Hernández, del PP, en el pleno celebrado el pasado día 29.

Según informa la Oficina de Prensa del PSOE Provincial de Cáceres, la alcaldesa "no sometió a votación la propuesta del grupo municipal socialista, en el único punto del orden del día, razón por la que no se pudo tomar ningún acuerdo".

Los socialistas, añade la nota, pedían explicaciones sobre el destino de la citada cantidad y, de no obtener explicaciones suficientes, solicitaban que el Pleno acordase poner el asunto en conocimiento del ministerio fiscal y si este viera indicios de responsabilidad penal, que el ayuntamiento se personara en la causa, facultar al grupo municipal socialista y a los concejales que apoyaran la personación para nombrar abogado y procurador en defensa y representación del ayuntamiento, y que el consistorio se hiciera cargo de las minutas de abogados y procuradores.

Por otro lado, el PSOE solicitaba que en la votación se abstuviesen los claveros que directamente o por vacaciones del titular, hubieran movido los fondos, que eran la alcaldesa y tres concejales más, con lo cual los votos a favor superarían a los votos en contra y para evitar que el asunto fuera puesto en manos del fiscal por el propio ayuntamiento, la alcaldesa no sometió el asunto a votación y levantó la sesión. No obstante, el grupo socialista impugnará la decisión de la alcaldesa para que el asunto sea sometido a votación y acate su resultado.

Finalmente, el grupo socialista acusa a la alcaldesa de que, sin mediar ninguna resolución o acuerdo municipal sobre imposición de dinero a plazo fijo en entidades bancarias, aparezcan siete imposiciones a plazo fijo en una oficina de Banesto de Navalmoral de la Mata, cuyo director es primo hermano de la alcaldesa, y solicita, por último, su dimisión por "intentar tapar con medidas verdades" un asunto tan importante y derrochar el dinero en obras que no necesita la localidad y utilizar las contrataciones de personal para conseguir votos.