El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de ley de Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura, presentado por la Consejería de Igualdad y Empleo.
Ésta es una normativa pionera pues es la primera de este tipo en el ámbito nacional y autonómico, incluida en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura. El texto se ajusta a las características del tejido empresarial extremeño, constituido básicamente por pequeñas empresas.
La principal novedad de la ley es que la evaluación para calificar a una empresa como socialmente responsable deberá tener una verificación por parte de entidades externas, especializadas en la realización de auditorias, certificación y normalización de calidad. Igualmente, se creará un Consejo Consultivo de la Responsabilidad Social en Extremadura, como órgano asesor y en el que estarán representados agentes económicos y sociales, la Administración Pública y el tercer sector. También se regulan los beneficios y premios que se otorgarán a las empresas extremeñas calificadas como responsables.
El anteproyecto de ley regula además la responsabilidad social en el sector público de Extremadura. A este respecto se indica que la Administración Pública de la Junta de Extremadura y sus organismos son entidades empleadoras, consumidoras, inversoras y contratantes. Como tales y aún con más razón, por su carácter público, deben asumir obligaciones concretas sobre consumo, inversión responsable, como empleador justo e integrador y como contratante que prioriza, a su vez, a las empresas responsables socialmente. Todo ello con el objetivo de alcanzar, si fuera posible, la excelencia laboral, social y ecológica.
Responsabilidad Social Empresarial
En base a lo establecido en el anteproyecto, se entiende por Responsabilidad Social Empresarial la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Como se ha indicado, esta normativa será de aplicación para las empresas que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma y para los poderes públicos extremeños.
Para que una empresa sea socialmente responsable debe ser calificada como tal, además del estricto cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, deberá adoptar en sus estrategias, sus políticas y procedimientos, los valores y códigos éticos de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones.
Esto exigirá la asunción de un conjunto de normas y valores éticos, su participación social, la adopción de una serie de criterios y de acciones en relación con sus recursos humanos y en sus relaciones laborales, la preservación del medioambiente, ahorro de energía y reducción de contaminación, entre otras cuestiones; además de un tratamiento responsable de la información y la comunicación, así como en la publicidad de sus acciones.
Una vez evaluada y verificada la responsabilidad social, será la Consejería competente en materia de Trabajo, en la actualidad la Consejería de Igualdad y Empleo, la que otorgará la calificación correspondiente. Asimismo, se creará un registro en el que se inscribirá a dichas empresas.
Por otra parte, el anteproyecto de ley recoge una serie de beneficios para las empresas que obtengan dicha calificación: concesión de ayudas, beneficios fiscales y prioridad en la adjudicación de contratos.
En definitiva, se trata de añadir valor a la empresa mediante un análisis más detenido de algunos de los aspectos sociales y medioambientales de las actividades empresariales. Este anteproyecto no impone nuevas obligaciones al empresario sino que implica un apoyo para las empresas que quieran adoptar estas medidas; y se basa en la premisa de que ética y negocio son conciliables.
La Responsabilidad Social Empresarial es una nueva estrategia corporativa que implica el compromiso de las empresas, a través de la aplicación sistemática de recursos, para respetar y promover los derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado del medioambiente
