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El concejal del Grupo Municipal de IU-Siex en el Ayuntamiento de Cáceres, Santiago Pavón, remitió este viernes un escrito al Fiscal Superior de Extremadura en el que le pide que abra diligencias sobre si la construcción y adjudicación de licencias en el Centro Deportivo El Perú Cáceres Wellness se ajustó a la legalidad en el momento en que fueron concedidas, según informa Europa Press.

Así, Pavón se pregunta si el proyecto de ejecución se amoldó a las licencias y si éste tenía los visados oportunos del Colegio Oficial de Arquitectos, así como si existían, en el momento de ponerse en marcha las instalaciones deportivas, las correspondientes licencias de ocupación y éstas se ajustaban a la legalidad.

Según el escrito del edil de IU, los promotores solicitaron en su momento un préstamo a la Caja de Extremadura para financiar "buena parte de la operación", por lo que se pregunta si "la documentación que, procedente del Ayuntamiento hubieron de presentar, se ajusta a la legalidad" y si "los informes técnicos y jurídicos contienen algún tipo de irregularidad o ilegalidad".

Como argumentación a su denuncia, Pavón recuerda que el Ayuntamiento de Cáceres en sesión plenaria celebrada el 25 de julio de 2003, sacó a concurso la concesión de instalaciones deportivas y comerciales en terrenos municipales, lo que posteriormente se denominaría Centro Deportivo y Comercial Perú Wellness.

No obstante añade que con fecha de octubre de 2006 el Ayuntamiento Pleno acuerda iniciar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana vigente para adecuar la parcela a los usos deportivos y que esta modificación es finalmente aprobada por el Consejero de Fomento de la Junta de Extremadura, José Luis Quintana, "sabiendo además que junto al complejo deportivo y explotada por los mismos promotores se han construido, en el mismo edificio, instalaciones comerciales cuyos negocios, a día de hoy, no cuentan con las preceptivas licencias municipales".

Por todo ello, desde IU se deduce que "las licencias que en su momento se dieron de construcción, explotación, etc, tienen que adolecer de algún tipo de ilegalidad", por lo que pone en conocimiento del Fiscal Superior de Extremadura estos hechos que, a su juicio, configuran "toda una serie de presuntas irregularidades e ilegalidades", para que sean investigados.


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