El consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, ha dicho hoy, sobre la devolución de 234 millones de euros a las eléctricas por la Hacienda regional a causa del denominado impuesto ecológico, que fue aprobado por la Asamblea y que, si hubiera que pedir responsabilidades, habría que hacerlo a quienes dieron su visto bueno.
Franco ha hecho esta afirmación el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en su respuesta a una pregunta del presidente del PP, José Antonio Monago, sobre si se derivarán responsabilidades políticas tras la sentencia de 2006 del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el Impuesto sobre Producción y Transporte de Energías que incidan en el Medio Ambiente.
Según el consejero, el impuesto fue aprobado por la Asamblea regional y que habría que dar "una medalla" a quienes trabajaron para aprobar el impuesto y pedir responsabilidades a quienes se opusieron.
Por su parte, Monago ha subrayado que, por esta cuestión, la Extremadura debe abonar 234 millones de euros, de ellos 142 ya pagados, y que los intereses de demora ascienden a 16,2 millones de euros, una cifra que supone, ha dicho, la mitad del presupuesto de la Consejería de Fomento.
Se ha preguntado, en este sentido, que cuántos planes de empleo y, en general, inversiones se podrían efectuar con ese dinero.
