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En una furgoneta está viviendo una familia de las que iban a ser desahuciadas por la Junta de Extremadura tras haber entregado la llave de la vivienda social que ocupaba ilegalmente en Gabriel y Galán y mientras hay pisos vacíos, según aseguró en su día el ayuntamiento. La propia familia se esconde en cuanto ve llegar una cámara y solo un familiar, con piso adjudicado allí mismo, sale a pedir que los dejen en paz porque dicen confiar en que el ayuntamiento les dé una solución mientras son los vecinos los que confirman que están viviendo en la furgoneta.

De hecho fue la situación de emergencia de esta y otras dos familias a las que apeló la concejala delegada, Carmen Blázquez, para oponerse a los desahucios en unas declaraciones que provocaron una tormenta política porque ponía en tela de juicio la gestión de la consejería de Fomento. Pero desde entonces, el mutismo ha sido la consigna tanto del ayuntamiento como de la Junta y nada se ha vuelto a saber ni de esta familia ni de los desahucios suspendidos, según reconoció en su día la concejala porque el ayuntamiento no los apoyará hasta revisar los expedientes de casos como este.

Hasta que ayer, la consejería de Fomento, habló, pero solo para puntualizar que los desalojos no se han paralizado, sino que se ejecutarán, dice sin más, cuando se reúnan todas las condiciones. Sobre la familia en la furgoneta, sin embargo, apunta que la ayuda social es una cuestión municipal y que si ya ha entregado la llave es señal de que estaba ocupando ilegalmente una vivienda. Pero mientras se produce la confrontación política, llama la atención que una familia viva en una furgoneta aparcada al paso de cualquiera en torno a la calle Rubén Darío, en pleno polígono de La Data donde hay trece desahucios pendientes.