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Empresarios del sector de la madera y dueños de las fincas de pinos de la Sierra de Gata y del Valle del Alagón manifestaron ayer la necesidad de que la Junta de Extremadura declare zona catastrófica el término afectado –1.215 hectáreas de pinos– por el nematodo de la madera del pino Bursaphelenchus xylophilus detectado en un árbol entre Santa Cruz de Paniagua y Pozuelo de Zarzón y que ha obligado al Gobierno regional ha adoptar medidas fitosanitarias "demasiado estrictas", según los afectados, a 20 kilómetros a la redonda.

Mientras los empresarios exponen ya pérdidas económicas y en empleo, la mayoría de los dueños de terrenos con pinares aseguraron ayer estar viviendo un gran desconcierto ante una situación de la cual según ellos debería de haberse informado antes. "Nos hemos enterado de hoy para mañana, la Junta lo sabía desde octubre y no ha dicho nada hasta enero", aseguró ayer Pilar Iglesias, una vecina de Pozuelo de Zarzón que deberá de talar casi dos hectáreas de pinos antes del 1 de abril. Asegura no tener medios para talar todos los pinos, algunos centenarios, y al igual que otros afectados, todavía no ha firmado la autorización para la tala a pesar de los plazos limitados. En la misma situación está Gregorio Corchero, que con 84 años cree que deberían de volver a analizar sus pinos antes de talarlos.

La mayoría de los afectados mostraron su malestar por la "escasa información" que según ellos reciben de la Junta. También, la alcaldesa de Pozuelo, Cristina Tomé, criticó la forma con la que la Junta ha pedido que talen los pinos a más de 100 afectados en su término. "La gente se ha molestado con las cartas que han recibido casi que amenazándoles con multas", dijo.

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Al drama de la tala se suma la orden de inmovilizar cualquier madera que esté dentro del perímetro marcado lo que ya ha provocado importantes consecuencias en empresas de la madera de Montehermoso, Pinofranqueado y Descargamaría. En este último pueblo tiene la empresa, Angel Luis García, uno de los que han pedido que se declare zona catastrófica. "Deben de hacerlo para que el Gobierno Central y Europa den indemnizaciones", afirmó. En su caso, desde el 19 de noviembre no puede sacar ninguna madera de pino de su fábrica. "Abrir el serradero me cuesta 8.000 euros mensuales más lo que dejo de ganar por no poder servir a mis clientes" señaló. En la misma situación está el empresario montehermoseño, Miguel Angel Hernández, que ha tenido que despedir a cuatro trabajadores. "He tenido que pagar indemnizaciones y además estoy pagando el alquiler de una nave sin poder vender la madera", explicó.

Mientras tanto, la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y Medio Ambiente (Aeefor) manifestó hace unos días que la tala "es una solución aceptable". Por su parte, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta aclaró que los trabajos de tala en un radio de tres kilómetros en torno al foco "no supondrán coste alguno para los propietarios", afirmó.


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