El sindicato CSI-CSIF en Extremadura reclamó hoy un "reconocimiento de la autoridad del profesor" mediante la aplicación del Código Penal para que las agresiones a los docentes sean consideradas "delito de atentado" y, en consecuencia, sancionadas con penas de 1 a 3 años de cárcel.
Esta petición de CSI-CSIF forma parte de una tabla de propuestas para la mejora de la claidad de la educación que el sindicato presentó hoy en Cáceres y en la cual se distinguen dos tipos de medidas: aquellas dirigidas a la "dignificación de la labor docente" y otras de cáracter "general".
El primer grupo se justifica porque "el profesor es la piedra angular del sistema educativo", sostiene CSI-CSIF, central que pide que la futura Ley de Educación de Extremadura (LEEX) recoja dichas propuestas, así como las generales que sean competencia de la Comunidad Autónoma.
Al mismo tiempo, subraya CSI-CSIF en una nota de prensa remitida a Europa Press que es el primer sindicato de Extremadura en educación y, por tanto, exige "estar presente en todos los ámbitos de negociación, especialmente en lo que afecta al profesorado".
"Los profesores extremeños tenemos mucho que decir en Educación y queremos decirlo; estamos hartos de que otros opinen por nosotros, de que nos digan cómo tenemos que realizar nuestro trabajo y de que modifiquen nuestras condiciones laborales sin consultarnos", precisó durante el acto informativa el presidente autonómico de CSI-CSIF enseñanza, Adrián Vivas. "Con esta campaña CSI-CSIF quiere alertar a la sociedad extremeña del peligro que corre nuestra Educación si no confía plenamente en los profesores; para ello es necesario el reconocimiento de su trabajo y la colaboración incondicional de los demás sectores de la comunidad educativa", sentenció el dirigente sindical.
INTIMIDACIONES
Entre sus propuestas, CSI-CSIF indica que para las agresiones a los profesores deberían ser aplicables los artículos 550 y 551 del Código Penal. Cabe indicar que estos artículos forman parte del capítulo en el que se tratan los atentados "contra la autoridad, sus agentes, los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia".
Así, el artículo 550 establece que "son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
A continuación, el artículo 551 en su primer apartado explicita que "los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos".
Según la última encuesta de CSI-CSIF sobre conflictividad escolar en Extremadura, realizada en el año 2006, el 70% de los profesores de Secundaria habrían sufrido agresiones físicas o verbales a lo largo de su vida profesional, e incluso entre un 6 y 9% "tenía miedo a entrar en clase".
CARRERA PROFESIONAL
Otras medidas para dignificar al profesorado que CSI-CSIF propone sean incluidas en la futura ley autonómica son las siguientes: carrera profesional como medio de perfeccionamiento y promoción, puesto que en Extremadura "la tienen todos los funcionarios y laborales de la Junta menos los profesores"; y reducción de tareas administrativas y burocráticas, dado que los colegios de Primaria no disponen de personal administrativo, debiendo realizar esas funciones el equipo directivo.
Además, el sindicato plantea otras iniciativas, tales como la erradicación de la violencia de baja intensidad en los centros, lo que incluye los insultos, amenazas, conductas disruptivas, etcétera; la catalogación de las enfermedades profesionales, tales como alteraciones de la voz, lesiones músculo-esqueléticas, psicopatologías laborales y otras; y la defensa y protección de la imagen del profesor en los medios de comunicación.
Entre las "medidas generales", que son de un calado más amplio, figuran: aumentar la inversión educativa hasta el 7% del PIB; reducir las ratios para establecer una verdadera enseñanza personalizada; mejorar las condiciones laborales del profesorado; y distribuir equitativamente los alumnos con necesidades educativas entre las dos redes sostenidas con fondos públicos.
Así mismo aboga el sindicato por establecer un Bachillerato de tres años para que el español "deje de ser probablemente el más corto del mundo"; realizar las pruebas extraordinarias en septiembre; apostar "sin ambigüedades" por la red pública; diseñar un plan de actuación urgente en la Educación Secundaria; y conceder permisos retribuidos para actividades de formación.
