Tres años han tenido que pasar desde el medio centenar de viviendas sociales desahuciadas para que la Junta de Extremadura vaya a acometer otros trece desahucios en Gabriel y Galán. Todo para combatir la ocupación ilegal de los pisos. La administración regional cuenta ya con las autorizaciones judiciales, pero está a la espera de que la Delegación del Gobierno proporcione a sus técnicos el apoyo in situ de los antidisturbios que previsiblemente se desplazarán de Sevilla porque en Extremadura no existen, según confirmación de la propia Junta, que aseguró ayer que será de forma inminente.
La consejería cuenta con el apoyo del ayuntamiento, que ya ha anunciado su disposición a abrir un nuevo proceso de adjudicación con estas trece viviendas y las que permanecen vacías aunque se desconoce el número exacto. El proceso que impulsó en el 2005 el entonces director de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas, no va a tener continuidad hasta ahora mientras los vecinos no han dejado de pedirla para evitar la acumulación de viviendas ocupadas por el procedimiento de la patada en la puerta. De manera que en breve los antidisturbios volverán a tomar la barriada para garantizar la seguridad en los desahucios. De hecho en los últimos se sucedieron los conflictos hasta que los portavoces de los desahuciados, la Junta y el ayuntamiento llegaron a un acuerdo para entregar voluntariamente las llaves. Solo quien lo haga podrá pedir legalmente una vivienda.
