•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

El contrato del ahora exgerente de la empresa Municipal de Autobuses Urbanos, Prudencio González, lo redactó el despacho de abogados de Madrid Sargodoy sin contar con la autorización del Consejo de Administración de la empresa. Con este contrato, el exgerente se blindó su despido y se autorizó el cobro de una nómina de 56.723 euros.

Así lo afirmó ayer la jefa de administración de la empresa de transportes, Cristina Moreno, quien declaró en el juzgado de Instrucción número 2 como imputada de un delito de falsedad documental en la causa que se sigue contra González, al que el ayuntamiento ha denunciado por falsedad documental y malversación de caudales públicos.

También declaró como imputado y acusado de falsedad documental, el expresidente del Consejo de Administración y exconcejal del Partido Popular, Manuel Gámez, quien manifestó que Prudencio González no le informó del contenido de los documentos que les pasó para su firma, entre ellos su contrato y la addenda, donde se incluía, además del blindaje, el contrato indefinido con la empresa.

En este sentido, Manuel Gámez indicó que González le pasaba la firma de documentos una vez al mes o cada dos meses.

González le pasó la firma del contrato entre "30 folios" al final de un tenso comité electoral del PP celebrado en abril del 2007, en el que se confeccionó la lista electoral del PP. "Fue un abuso de confianza. Me siento engañado, porque firmar un contrato de ese tipo del que yo no tengo ningún beneficio cuando iba a empezar una campaña electoral hubiera sido un suicidio político", manifestó a la salida del juzgado Gámez.

 

ACUERDO El contrato de Prudencio González aparece como uno de los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración celebrado el 6 de julio del 2006, pero según la declaración de Cristina Moreno, en esa reunión solo se trató la compra de tres autobuses y la subida salarial de los trabajadores de la empresa de autobús según el IPC.

Además, dijo que no tomó notas porque no había quórum suficiente ni para la constitución ni para la toma de acuerdos, por lo que consideró que era una reunión "informal". Según ella, a este consejo acudieron Prudencio González, Manuel Gámez y Pilar Vargas (actual portavoz del PP). Y no fueron Francisco Robustillo (PP), Alfredo de la Rubia (PP), Mercedes Moyanos (PSOE), Saturnino Ceballos (PSOE) ni Juan Carlos Escudero (PSOE).

Manuel Gámez coincide con Cristina Moreno en que en esta reunión solo se trataron dos puntos: la compra de tres autobuses y la subida del IPC a los trabajadores, pero difiere en los asistentes, ya que afirma que tanto Alfredo de la Rubia como Francisco Robustillo estuvieron presentes en la reunión.

 

LAS CONTRADICIONES Sobre el desfase de tiempo que hay entre la reunión del Consejo de Administración, en junio del 2006, y la firma del contrato que supuestamente se aprobó en esa reunión, en abril del 2007, Cristina Moreno explicó que González le dijo en enero del 2007 que redactara el acta de ese consejo, donde incluyó los nombres de Robustillo y De la Rubia porque se lo ordenó, y que no se planteó si eso era legal o no.

También aseguró que en este acta no incluyó la addenda del contrato del exgerente, pero sí en otra que redactó en marzo.

Así, señaló, en la vista oral, que se "limitó a recoger lo que le dictó Prudencio González, que se propuso él mismo la subida del salario según la redacción del nuevo contrato que hizo Sargodoy, y donde también se autorizó el abono de la nómina por importe de 56.723 euros".

Cuando le preguntaron porqué redactó el acta sabiendo que no se había celebrado el consejo, indicó que Prudencio González no tenía conocimiento de informática y dudaba si sabía escribir a máquina, por lo que le dictó el contenido de la segunda acta "porque yo no sabía qué poner, pues creía que ese consejo no se había celebrado". Luego añadió que se limitó a redactar el acta "sin pedir explicaciones, aunque creo que si González hubiera sabido manejar el ordenador la hubiera escrito él".


Galería de imágenes