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Los vecinos de Campo Lugar (1.108 habitantes) se movilizarán para expresar su rechazo a la instalación de una planta de tratamiento de residuos de la construcción e industriales considerados de tipo peligroso en la finca "Milaneras", de 85 hectáreas y titularidad municipal.

La práctica totalidad de la población se ha integrado en una comisión vecinal que ha recogido más de 800 firmas de oposición al proyecto y ha presentado numerosas alegaciones ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. Detrás de esta iniciativa se encuentra Rea 21, una sociedad limitada de capital vasco.

El alcalde socialista de Campo Lugar, Francisco Moreno, explicó ayer que hay una nueva corporación que no está dispuesta a asumir las decisiones adoptadas por el anterior equipo de gobierno que, bajo el mandato del Partido Popular (PP), aprobó en una sesión plenaria celebrada el 19 de enero de 2006 la segregación de los terrenos y el convenio por el que la sociedad se comprometía a abonar al municipio 30.000 euros de canon fijo, así como 1,20 euros por tonelada tratada de residuo industrial y 0,12 euros por tonelada de residuo de la construcción.

Los concejales socialistas, entonces en la oposición, votaron en contra con el argumento de que no se les facilitó información. Los vecinos permanecieron nueve meses en silencio, pero en noviembre de 2006 se movilizaron para recoger firmas tras abrirse el período de alegaciones al proyecto.

El clamor popular obligó al alcalde del PP, Emiliano Regodón, a convocar un pleno el 21 de diciembre de ese año en el que se anuló el acuerdo anterior y se rechazó por unanimidad de todos los grupos políticos la instalación de la planta de residuos. Ese acuerdo fue ratificado el martes de la pasada semana, ya con un nuevo equipo de gobierno, tras comprobarse que el proyecto seguía su curso pese a la negativa municipal.

La planta, que se ubicará en unos terrenos hasta hace poco clasificados como Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA), aglutinará tres empresas distintas en una sola. Por un lado tiene previsto tratar 50.000 toneladas anuales de residuos de la construcción y demolición; por otro la clasificación y transferencia de otras 50.000 toneladas de desechos industriales y, por último, la recuperación de 5.200 "cubitainers" plásticos al año. Las tres áreas generarán un máximo de doce empleos.

El portavoz de la comisión de vecinos, Tomás Bohoyo, expresó ayer su rechazo a un proyecto "que dañará la cabecera de las Vegas Altas del Guadiana". Su oposición está justificada en el daño medioambiental que provocará la industria, la peligrosidad de los residuos tratados y la destrucción del cauce del Arroyo Chiquitín, que acogerá los vertidos. La misma posición comparte el alcalde, que no ha encontrado en el Gobierno regional que controla su propio partido el apoyo que esperaba.

"Llegaremos donde haga falta a pesar de que no nos han apoyado en la Junta ni en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, porque no queremos un cementerio tan peligroso en una cuenca de regadío con tanta agricultura y ganadería", indicó.

El alcalde también lamenta el ocultismo de los promotores, que en su proyecto técnico detallan la naturaleza de los residuos no peligrosos pero omiten el listado de los nocivos. Una cláusula del contrato suscrito entre el ayuntamiento y la empresa compromete al municipio a abonar los daños y perjuicios derivados de una marcha atrás, pero ni al alcalde ni a los vecinos les inquieta el pago de esa suma con tal de evitar el cementerio.