La Junta de Extremadura negocia con las compañías eléctricas la devolución a estas compañías del denominado impuesto ecológico, un proceso que se encuentra en su fase final y que va a alcanzarse en las "mejores condiciones" para la Administración. Así lo afirma el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, en el pleno de la Asamblea, en respuesta a una pregunta del PP sobre cómo se encuentra este proceso, tras la resolución del Tribunal Constitucional, de 2006, contra la primera norma al respecto elaborada por el Gobierno extremeño, informa la agencia Efe.
Franco detalla que la Junta está procediendo a la ejecución de la sentencia, que acata aunque no comparte, estableciendo un sistema de compensación con las empresas afectadas dentro de un proceso de negociación. En este sentido, afirma que "posiblemente va a haber un acuerdo con las eléctricas en las mejores condiciones para la Junta" y añade que los presupuestos regionales cuentan "con dinero suficiente para hacer frente a ese pago". Además, advierte que la negociación se encuentra en su fase final y que, aunque no hay acuerdo genérico, "estamos a punto".
Por su parte, la diputada popular Cristina Teniente afirma que el consejero manifestó que el "varapalo judicial" que supuso la resolución del Tribunal Constitucional no iba a tener incidencia en los bolsillos de los extremeños, algo que a su juicio no concuerda si se pretende hacer frente a este pago con fondos de los presupuestos regionales.
