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Finalmente no hubo manifestación. Tras aceptar el preacuerdo propuesto por el Ministerio de Agricultura, las tres principales organizaciones agrarias, UPA, Asaja y COAG, decidieron desconvocar la protesta que habían organizado el pasado jueves en Madrid con el fin de exigir soluciones ante la que califican como una de las peores crisis que ha atravesado el sector ganadero español en las últimas décadas. Una crisis que ha puesto en peligro la viabilidad de muchas explotaciones y que ha supuesto a los ganaderos extremeños pérdidas de más de 110 millones de euros en el último año, según estimaciones de UPA-UCE. Este sindicato del campo cifra en unos 16.000 euros los que ha perdido de media cada explotación extremeña de ovino, que son 15.000 euros en el caso de las de porcino y 14.000 en las de vacuno.

La situación ha venido motivada, fundamentalmente, por la confluencia de tres factores: el descenso de los precios, el incremento de los costes de producción, en especial de los piensos, y los efectos que ha tenido la lengua azul tanto en la cabaña ovina como en la vacuna.

Desde UPA-UCE se explica que es el sector ovino el que ha sufrido en mayor medida la bajada de precios de sus producciones. La disminución del consumo y el aumento de las importaciones han provocado en los últimos dos años una caída del 30% en el precio habitual del cordero. Dentro del vacuno, los mayores problemas se han registrado en los terneros de vida, también con bajadas del 30% –unos 200 euros por cabeza–, mientras que los criadores de porcino ibérico de cebo están viendo como se les paga menos por sus animales que hace un año.

Por otro lado, el aumento de la demanda mundial de cereales ha coincidido este año con las malas cosechas de algunos de los principales países productores, como Australia o Rusia. A pesar de que en España la producción fue la mejor de la última década, la fuerte dependencia de las importaciones cerealistas ha motivado un desmedido encarecimiento de su precio. En algunos casos ha llegado a duplicarse en menos de un año, incrementos que se han repercutido de forma inmediata en los piensos, componente básico de la alimentación animal. Conforme a los datos de UPA-UCE, el auge de esta commodity ha supuesto este año un sobrecoste de dos euros por cada ejemplar de ovino, de 34 euros si es de porcino, y de 110 de vacuno.

De los mencionados 110 millones de euros de pérdidas, unos 70 vendrían motivados por la bajada de los precios y los restantes 40 por los sobrecostes derivados del encarecimiento de las materias primas. Sin embargo, de estos cálculos quedarían fuera, todavía sin cuantificar, las pérdidas provocadas por la lengua azul, ya sea por la muerte de animales o por las restricciones impuestas para su traslado. El serotipo que ha atacado a la cabaña ovina extremeña este año es más virulento que en anteriores ocasiones y a inicios de este mes ya había provocado la muerte de unas 34.000 ovejas en la región.

 

NEGOCIAR UN ACUERDO Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, han aceptado el preacuerdo planteado por el Ministerio de Agricultura, si bien solo como paso previo para "negociar un acuerdo que desarrolle, concrete y mejore las medidas contempladas en él", explican en un comunicado. "De no ser así –continúan– se reanudará el proceso de movilizaciones el 18 de diciembre.

La propuesta del Mapa recoge una partida presupuestaria de más de 350 millones de euros para los próximos cinco años. Se trata de fondos que irán a parar fundamentalmente al sector ovino-caprino, aunque la intención de las organizaciones agrarias es que el Gobierno los acabe ampliando con el fin de que también beneficien al sector bovino y, en menor medida, al porcino. De momento, el Mapa contempla que 140 millones de euros se destinen a programas sanitarios, de selección de razas ganaderas y de trazabilidad, mientras que otros 165 millones se reservarán a medidas como la promoción de producciones de calidad, normas sobre etiquetado o el fomento de las explotaciones con ganado autóctono.

Estas ayudas permitirán recibir entre 15 y 19 euros por oveja o cabra en régimen extensivo. El límite será de 7.000 euros de ayuda por explotación, si bien para las agrupaciones de ganaderos -con un mínimo de 70.000 animales- la cantidad percibida oscilaría entre 140.000 y 440.000 euros.

Igualmente, el departamento que dirige Elena Espinosa ha dado el visto bueno al reparto de derechos de prima de ovino-caprino, 620.000 de ellos antes de fin de año y por un importe de 35 millones de euros. El ministerio también se compromete a sufragar parte del coste de los avales y de los intereses de los préstamos solicitados por los ganaderos, una medida que podrá ser complementada desde las comunidades autónomas y para la que la Junta de Extremadura ya ha mostrado una predisposición favorable.


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