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La Junta, a través de la Dirección General de Consumo, y la Unión de Consumidores tanto de Extremadura como de España, advirtieron ayer sobre los servicios que prestan las empresas que se dedican a unificar deudas; aquellas que agrupan todos los créditos en uno, recortando el pago mensual pero alargando la hipoteca con unos elevados intereses, según estas administraciones. Por contra, este sector defiende su labor y se muestra partidario de la normativa en marcha.

Durante el I congreso nacional de reunificación de deudas y créditos rápidos, celebrado ayer en Mérida, el director general de Consumo del Ejecutivo regional, Pedro García Ramos, destacó que este tipo de entidades "venden ilusión, un sueño, que en cierto modo, está ayudando a que estemos generando esclavos del siglo XXI, que ya no llevamos cadenas sino hipotecas y 22 créditos personales". Explicó que la normativa que está en tramitación trata de regular a estas empresas, "que no están bajo el abanico de ninguna administración que pudiera controlar su esquema de funcionamiento".

García Ramos insistió en que estas empresas no facilitan toda la información a los clientes, sobre todo en materia de intereses que cobran, y que "rondan el 20 o 25 por ciento TAE", por lo que "aplazamos el problema, pero estamos limitando muchísimo nuestra capacidad de gestionar el endeudamiento familiar para muchos años". Por ello, cree necesario un registro para saber las empresas que se dedican a esto.

Según un reciente estudio de la UCE, casi el 90% de los extremeños que han acudido a estas empresas desconocen cuántos intereses les cobran por estos servicios, pero la demanda de este tipo de servicios ha crecido un 30% desde el verano, según el secretario general de UCE-Extremadura, Javier Rubio.

La normativa elaborada por el Gobierno incide en la información, para que el consumidor sepa en todo momento con quién contrata, qué es lo que contrata y cuál es el precio, indicó Nuria Antón, subdirectora general de normativa del Instituto Nacional de Consumo.

Roser Fontana, vocal de la asociación que agrupa a estas empresas, aseguró que son ellas las primeras interesadas en que el sector esté regulado, porque eso hará que "quién esté haciendo malas prácticas, desaparezca".