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Un jurado popular ha declarado inocentes a los tres acusados del incendio forestal registrado el 9 de febrero del 2006 en Santa Cruz de la Sierra. El juicio, que tuvo lugar ayer en la Audiencia Provincial de Cáceres, es el primero que por Tribunal del Jurado se celebra en la región por un delito de incendio forestal. En el banquillo de los acusados se sentaron dos ganaderos de Zarza de Montánchez –padre e hijo– y el cuñado de este, acusados de haber quemado intencionadamente cinco hectáreas de una finca arrendada en la sierra de Santa Cruz. Las tareas de extinción obligaron a la Junta de Extremadura a enviar un helicóptero a la zona.

El fiscal mantuvo ayer su petición de una pena de tres años de cárcel para cada uno de ellos y de una multa de 5.400 euros, además de que los tres imputados abonaran a la Administración autonómica los costes de 2.906 por las labores de extinción. El abogado defensor solicitó la absolución al estimar que no había pruebas de que hubieran sido los autores del siniestro. La Junta se personó como acusación particular en el juicio.

Los hechos descritos ayer por el agente forestal que acudió a la finca arrendada tras recibir el aviso de que se había producido un incendio responsabilizan a Felipe D. M., su padre Martín D. A. y al yerno de este, Francisco Javier G. B., de haber prendido fuego "en cuatro o cinco focos" distintos y abandonar el lugar. El fiscal sostuvo que con esta práctica los inculpados pretendían sacar mayor aprovechamiento ganadero a la finca y que decidieron "de mutuo acuerdo" provocar el incendio.

 

SIN NOTICIAS Sin embargo, el relato de los acusados fue bien distinto. Felipe D. M., arrendatario de la finca en la que se dedicaba al pastoreo de cabras y ovejas, afirmó que "no se percató" de que había fuego en la sierra hasta que el agente forestal acudió a avisarle, ya que tampoco podía verlo desde el cobertizo en el que dijo que se encontraba con el resto de los acusados la tarde del incendio. El ganadero también afirmó que hubiera sido "absurdo" quemar la parcela porque el ganado se alimentaba de los pastos y que tampoco le extrañó que el día de los hechos, a principios de febrero, un helicóptero sobrevolara la parcela porque era habitual.

La defensa argumentó que las acusaciones del Ministerio Fiscal estaban basadas en indicios y no aportaban pruebas fehacientes para inculpar a los imputados. Además, señaló que el incendio pudo haber sido provocado por terceros, ya que la finca era utilizada por senderistas, rutas a caballo y recolectores de espárragos y que el día de los hechos "había más gente en la finca".

El letrado también afirmó que no podía probarse que el incendio hubiera ocurrido dentro de la finca porque el informe de la Guardia Civil no precisaba la extensión exacta de lo que se había quemado ese día concreto, ya que se realizó 15 días después e incluyó otras zonas quemadas anteriormente. El abogado de la acusación particular explicó que la Junta de Extremadura "está interesada" en personarse en este tipo de causas "para que no queden impunes". El juicio estuvo presidido por María Félix Tena, titular de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, y cinco mujeres y cuatro hombres formaron el jurado.