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La primera de las tres jornadas que está previsto que dure el juicio por el mayor fraude del IVA de Extremadura comenzó ayer en la Audiencia de Badajoz, presidido por la titular del Juzgado de lo Penal número 1, con la declaración de los nueve acusados en sesiones de mañana y tarde, dejando en el aire una pregunta sin respuesta: ¿Quiénes son los verdaderos cerebros y beneficiarios de la estafa carrusel denunciada por Hacienda?.

Varios de los acusados manifestaron sentirse "manipulados", pero al formularles el fiscal, los abogados y la propia jueza por quién, ninguno dio nombres. Apuntaron que "no están en el banquillo". Al tiempo, se puso de manifiesto que hubo actividad presuntamente delictiva, aunque la responsabilidad queda diluida en unos casos, y más concentrada en otros. Y en todos mucha falta de memoria.

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CABECILLA DE LA TRAMA El que consideró la Agencia Tributaria cabecilla de la supuesta trama, Juan D. G., manifestó que no tiene empresas en España y con las que colaboró que están implicadas en la causa, solo se encargaba del control de "mover mercancías y de hacer los pagos". Dijo que no sabe porqué se instruyó la causa en Olivenza cuando él no tenía ninguna empresa ni ya vivía allí.

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J. D. G. admitió haber abierto cuentas corrientes en Badajoz, "pero no me beneficié", dijo; y que participó en la constitución de algunas empresas en Portugal que compraban material informático en España, con las que "me limitaba a controlar mercancías y a pagar".

El fiscal le preguntó por qué ponía su nombre en esas cuentas y respondió que "soy honrado; a mí me dan mi dinero y no le pido el DNI a nadie". Las órdenes, dijo, las recibía por teléfono o fax, pero no sabía de quién. Tampoco quién le pagaba. Y afirmó que la compra de material era real y que lo tenía en dos almacenes en Elvas, aunque el testimonio de Natalia S., su excompañera sentimental, señaló que apenas había mercancía.

TESTIMONIOS Otro acusado, Andrés C., admitió haber creado la empresa Cano 4, que pagó impuestos "cuando tenía dinero, y cuando no, no". Dijo que Juan D. G. le daba instrucciones y que éste no podría defraudar el IVA porque él no lo cobraba.

Juan José L. A. admitió al fiscal haber puesto "algo" en las empresas Anibel y Cortaso, en cuya constitución participó con el fin de adquirir una finca en Portugal, pero que luego dejó aparcadas creyendo que no tenía actividad. Luego supo la tuvo, pero desconoce por quién.

Juan D. P. reconoció que como asesor fiscal y laboral llevaba asuntos a la empresa Cano 4 y conocía a Andrés C. pero que él no la constituyó, aunque sí colaboró en otra con una pequeña participación para controlar la cuenta de su cliente.

El también asesor Joaquín T. llevó asuntos a las empresas Moan y Ailicis, aunque al no poder no justificar las declaraciones que le hizo a la segunda, dejó la actividad.

Gabriel S. O. negó haber hecho dos transferencias por importe de 300.000 euros de una de la empresas implicadas. Cuando la jueza le preguntó qué sabía, dijo: "que me han arruinado la vida".

Natalia S., que fue compañera sentimental de Juan D. G., manifestó que había hechos gestiones no por indicaciones de éste, sino para ayudarle en su trabajo, que nunca cobró, aparte de alguna gratificación por ir al banco, y que todas las gestiones fueron en nombre de su pareja.

El fiscal la enfrentó a sus primeras declaraciones, en las que consideró a Andrés C. socio capitalista de las actividades de Juan D. G.. Ella respondió que esas declaraciones eran suposiciones y que no son exactas, "porque lo mezclan todo".


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