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Los grupos ecologistas Adenex, Greenpeace y Ecologistas en Acción anunciaron ayer que impedirán el transporte de dos barras de combustible irradiado desde la Central Nuclear de Almaraz al centro de investigación de Sck-Cen, en la ciudad de Mol (Bélgica), para realizar pruebas de laboratorio a petición de la multinacional francesa Areva, la mayor constructora de reactores nucleares del mundo.

El presidente de Adenex, José María González Mazón, explicó en Navalmoral de la Mata que estas asociaciones disponen de los mecanismos de información necesarios para saber en qué fecha se producirá el traslado del material, considerado altamente radiactivo. González Mazón explicó que se trata de "un transporte inusual y extraordinario" cuyas características están siendo investigadas de forma conjunta por su organización y Greenpeace.

El transporte de las dos varillas fue autorizado en una sesión plenaria extraordinaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 27 de julio a la que no asistieron ni la presidenta ni el vicepresidente de este organismo, que se encontraban de vacaciones. Según la Central Nuclear de Almaraz, el envío será coordinado y vigilado por la Guardia Civil, aunque Ecologistas en Acción se apresuró ayer a decir que será escoltado por el Ejército.

"Nos vamos a enterar de la fecha del transporte y lo vamos a paralizar para que no salga de la comarca", dijo convencido el presidente de Adenex. Bajo su punto de vista, este envío radiactivo "abre una puerta peligrosa de transporte de residuos de alta actividad a pesar de que a nivel europeo existe un rechazo generalizado a esta práctica".

La portavoz de Ecologistas en Acción del Campo Arañuelo, Francisca Blanco, criticó el transporte del material y aseguró que la Central Nuclear de Almaraz "no está preparada para realizar las recargas de combustible cada tres años". Su organización está convencida de que la intención de la planta cacereña con estos ensayos es conseguir alargar el ciclo de combustible con el fin de que las recargas programadas se realicen cada 36 meses en lugar de hacerlo cada 18.

El transporte que los grupos ecologistas pretenden impedir será realizado por la empresa Express Truck, S.A. (ETSA) y ha sido necesario suscribir una propuesta de cobertura de responsabilidad civil por importe de 297,4 millones de euros. Un portavoz del CSN ya advirtió que el transporte "está previsto en una fecha sin determinar" y no se dará a conocer "por cuestiones de seguridad física".