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Las compañías eléctricas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz han sido condenadas en una sentencia a abonar al ayuntamiento de este municipio aproximadamente 1,8 millones de euros como consecuencia de la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de características especiales correspondiente a 2005, según informaron ayer fuentes municipales.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres, a la que ha tenido acceso Radio Interior, considera además que Endesa Generación, S.A.U., Iberdrola Generación, S.A.U., y Unión Fenosa Generación, S.A. en su calidad de copropietarias de la planta, han actuado "con mala fe o temeridad", por lo que también las condena al pago de las costas procesales. El fallo declara la inadmisibilidad de un recurso que las tres compañías habían presentado contra una ordenanza del Ayuntamiento de Almaraz, que a finales de 2003 decidió subir el tipo de gravamen del IBI del 0,6 al 1,3%, el máximo permitido por Ley, por considerar que sus instalaciones eran un bien de características especiales. Esto suponía, en términos económicos, que las compañías eléctricas pasarían de abonar 0,9 a pagar 1,8 millones de euros anuales.

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La sala no admite el recurso de las eléctricas por considerar que "es cosa juzgada", ya que, con anterioridad, Endesa había impugnado ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Les Avellanes i Santa Lynya con la misma argumentación jurídica; lo mismo habían hecho Iberdrola -que impugnó la ordenanza del Ayuntamiento de Valle de Tobalina ante un tribunal de Castilla y León-, y Unión Fenosa, que recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Galicia la decisión del concejo de Boboras. En todos los casos las sentencias fueron desfavorables para las compañías eléctricas, que además ya habían sufrido tres fallos consecutivos que les condenaban a pagar al Ayuntamiento de Almaraz el IBI de características especiales relativo a los años 2003 y 2004.

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La alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández, informó ayer que "este nuevo fallo judicial demuestra la mala fe que están teniendo las empresas copropietarias de la central nuclear con el municipio" y recordó que las tres compañías también deberán afrontar la cuantía económica correspondiente a una revisión catastral realizada en el año 2004 debido a que varios de sus inmuebles no se encontraban dados de alta. Esta resolución también ha sido recurrida por la las copropietarias de la planta, que en el caso de sufrir un nuevo revés judicial pasarán de abonar los 1,8 millones de euros actuales a pagar 2,1 millones. La Central Nuclear de Almaraz eludió ayer pronunciarse sobre este asunto, por lo que se desconoce si interpondrá recurso de apelación en el plazo de 15 días.


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