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El 31% de los edificios públicos extremeños mantiene las barreras arquitectónicas a pesar de lo dispuesto por la Ley de Accesibilidad de Extremadura, que indica que en un plazo de 10 años deben desaparecer, tiempo que ya ha cumplido. Sin embargo, la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) constata este hecho mediante un estudio.

La administración pública que cuenta con un mayor de edificios accesibles es la Junta de Extremadura, con un 80 por ciento, mientras que la administración estatal es la que sale peor parada, ya que sólo el 56 por ciento de sus inmuebles están adaptados para minusválidos. En el caso de los ayuntamientos, sus edificios son accesibles en un 63 por ciento. Javier Rubio, secretario general de UCE, lamenta esta situación, ya que, cuando en 1997 se publicó la Ley de Accesibilidad, se estableció una moratoria de 10 años para eliminar las barreras arquitectónicas de los edificios públicos de la región, un plazo que expiró el pasado mes de julio, pero sin embargo, todavía queda un tercio de edificios públicos sin adaptar. Sin embargo, reconoce que la situación ha mejorado en los últimos años, ya que en este mismo estudio que la UCE realizó en diciembre de 2001, el 56 por ciento de los edificios públicos presentaba barreras, por lo que resaltó que en los últimos años, este porcentaje de inmuebles no accesibles se ha reducido en 25 puntos, hasta llegar al 31 por ciento, "pero sigue sin ser suficiente", asevera.

Asimismo, explica que los edificios menos accesibles de la región son en la actualidad los juzgados, las casas de cultura y las bibliotecas y asegura que, en algunos casos, se viven situaciones "surrealistas", entre las que menciona las que se dan en algunos juzgados, donde "tienen que tomar declaración en plena calle de una persona en silla de ruedas porque la entrada presenta 10 ó 12 escalones".

Otras situaciones denunciadas por Rubio son la que ocurre en las casas de cultura o en las bibliotecas de algunas localidades, donde las personas en sillas de ruedas no pueden acceder a las diversas salas, porque no tienen rampa ni ascensor, pero sin embargo si pueden entrar en el bar de las instalaciones porque éste sí está adaptado.

Por todo ello, el responsable de la UCE reclama a las administraciones que realicen las dotaciones presupuestarias necesarias para hacer accesibles los edificios de su propiedad, aunque reconoció que algunos casos esto no es posible, ya que cuentan con edificios con valor histórico cuya estructura no puede ser modificada.

Este informe se ha publicado en la revista Consumidores, editada por la organización.


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