Ecologistas en Acción de Extremadura (EAEx) ha presentado denuncias ante el Ayuntamiento del Guijo de Santa Bárbara, la Junta de Extremadura y el SEPRONA por múltiples construcciones ilegales en el término municipal del Guijo de Santa Bárbara y pide a las administraciones y a la fiscalía medidas ''urgentes y eficaces'' para acabar con esta situación y reponer el daño ambiental causado derribando las construcciones y restaurando el habitat en este espacio natural protegido.
Explica Ecologistas en Acción a travésde una nota de prensa, que El Guijo de Santa Barbara se encuentra en la comarca de la Vera, en la falda sur de los montes de Gredos y la riqueza medioambiental de su entorno ha motivado su inclusión en el LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de la Sierra de Gredos y Valle del Jerte.
En este LIC -"ES4320038"- se encuentran hábitats de gran valor natural protegidos por la directiva Habitats 92/43/CE, que constituye el "más importante" instrumento de conservación de la naturaleza a nivel comunitario, conformando la red de espacios naturales protegidos Natura 2000.
La mayor parte del término municipal del Guijo de Santa Bárbara está clasificado como 'Ecosistema Integro Ecológico – Paisajístico' y su suelo como SNUEP, es decir, Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
"Sin embargo, esto no ha logrado evitar que las acciones urbanísticas clandestinas se extiendan por sus zonas protegidas, habiéndose incrementado de forma alarmante en los últimos años", lamentó.
Estas construcciones "ilegales y no legalizables" tienen en muchos casos, a juicio de Ecologistas en Acción, una finalidad "especulativa". "La falta de escrúpulos y respeto por los valores medioambientales caracteriza estas actuaciones donde todo vale", criticó.
Desde Ecologistas en Acción de Extremadura invitaron a las nuevas corporaciones municipales de Extremadura a algo "tan sencillo, obvio y necesario" y advierten que "de no hacerlo incurrirían en el delito tipificado en el artículo 408 del código penal por omisión del deber de perseguir delitos".
De la misma manera, solicitaron que la Consejería Extremeña de Industria, Energía y Medio Ambiente y de la Agencia Extremeña de la Vivienda, Urbanismo y Territorio que tomen las "medidas oportunas" para acabar con la "impunidad" y que obliguen a los municipios a asumir sus competencias en materia urbanística o "que las revoquen en casos de manifiesto incumplimiento".
También solicitan de la Fiscalía una investigación que aclaré los motivos y responsabilidades de la "no tramitación" de las denuncias de los agentes del SEPRONA y Medio Ambiente y la persecución de estos delitos urbanísticos como delitos penales y no como meras faltas administrativas teniendo en cuenta la consideración de los espacios afectados como zonas LIC integradas en la red Natura 2000.
