Galicia, Extremadura y Castilla y León son las comunidades autónomas más "vulnerables" ante la posibilidad de incendios forestales, principalmente por su mala gestión forestal, según un estudio elaborado por WWF/Adena que se presentó en Madrid y que analiza 17 parámetros sobre el riesgo asociado al déficit estructural de la gestión del territorio.

En este sentido, el responsable del Programa de Bosques de la organización, Félix Romero, apuntó que, en general, la administración forestal en España es "lamentable" porque "a penas el 13% de la superficie forestal cuenta con un plan de gestión en vigor", un gran factor de riesgo teniendo en cuenta que existe "una correlación evidente entre las comunidades que carecen de estos planes y las que se incendian en verano".

Así, las comunidades con más riesgo por su déficit estructural serán Extremadura, Asturias, Castilla León y Galicia, seguidas muy de cerca por la Comunidad Valenciana, porque ninguna de ellas tiene planes de gestión forestal para porcentajes por encima del 10% de su territorio boscoso. En concreto, en la Comunidad Valenciana sólo hay gestión establecida en un 0,6 por ciento de toda su foresta.

Los esfuerzos inversores, que han conseguido reducir en un 13,4% la superficie abrasada en la última década, no han sido suficientes, según Adena, puesto que se ha incrementado en un 16,4% el número de siniestros. La ONG denuncia asimismo el "reto al que se enfrentan las comunidades con menos recursos donde existe además, un mayor despoblamiento y más superficie forestal a gestionar", como es el caso de Castilla y León, Extremadura, Galicia y Asturias.

Respecto al riesgo de episodios graves de incendios, nuevamente Galicia se sitúa a la cabeza con una probabilidad del 78% seguida inmediatamente por la Comunidad Valenciana (66%). En el primer caso, tiene que ver con el alto porcentaje de incendios provocados que tienen lugar en la región, donde en el 99% de los casos "el fuego tenía nombre y apellidos". Además, "la mitad de los incendios de España ocurren en Galicia", apuntó Romero.

En la Comunidad Valenciana, la probabilidad de un fuego que desemboque en una "catástrofe" deriva del bajo porcentaje de terreno forestal gestionado, sólo un 0,6% de toda su foresta, y la gran cantidad de población que presenta la región durante el verano por impulso del turismo.

En el resto del país los riesgos están entre el 33 y el 65%, y sólo quedan en principio libres de este peligro La Rioja, Navarra, Aragón y Murcia, todas con un riesgo de episodios graves por debajo del 35 por ciento.

Por último, la organización ha analizado el riesgo asociado a las políticas contra incendios en cada comunidad autónoma, para concluir que, en palabras de Romero, "hemos mejorado en extinción", se ha "reducido la superficie quemada" y " se han incrementado los fuegos apagados en conato".

Sin embargo,  el director de Conservación de WWF/Adena, Enrique Segovia, apostilló que el número de siniestros ha crecido un 16,4% y la tendencia es alcista, ya que "ahora se producen muchos más incendios que hace una década", lo que prueba a su juicio, el éxito de las políticas de extinción y el fracaso de las iniciativas de prevención. Anualmente se produce una media de 21.000 incendios en España, que ocasionan 1.800 millones de euros en pérdidas.

Asimismo, recordó que en el 95% de los incendios, está detrás la mano del hombre y destacó la necesidad de "acabar con la impunidad" de quienes provocan el fuego. Un 60% de estos fuegos son intencionados y, en el 40% restante, no llegan a conocerse las causas que lo provocaron, por lo que la organización exige un mayor esfuerzo en este sentido. "A penas el dos por ciento de los incendios intencionados acaban con la identificación de alguna persona, y está lleno de ceros el de los casos en que se producen detenciones", denunció Romero, tras destacar que "aún queda mucho por hacer a nivel judicial y de sanciones" y recordar que mientras "el riesgo de incendio por causas meteorológicas en verano es alto, el peligro asociado a las políticas y a la ciudadanía es muy elevado".