David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha comparecido este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz para afrontar el juicio relacionado con su incorporación a la Diputación pacense, una contratación que lleva años bajo sospecha por un posible trato de favor.

El músico llegó a la sede judicial minutos antes del comienzo de la vista y accedió al edificio por una entrada discreta.  

EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

A partir de las diez de la mañana se sentó en el banquillo de los acusados junto a otros investigados por presuntas irregularidades en la creación y adjudicación de una plaza pública vinculada a la coordinación de conservatorios.

El abogado del músico sostiene que el delito que se le atribuye por su contratación en la Diputación de Badajoz estaría completamente prescrito y ha defendido que se trata de una infracción de carácter leve, castigada con penas menores por la legislación vigente.

La petición se ha formulado durante la fase de cuestiones previas del proceso judicial, en el que David Sánchez está acusado de haberse beneficiado presuntamente de la creación de una plaza pública diseñada específicamente para su incorporación a la institución provincial.

La investigación analiza si la Diputación impulsó un puesto de alta dirección relacionado con la coordinación de conservatorios con el objetivo de facilitar el acceso del hermano de Pedro Sánchez a la administración pública.

GALLARDO, ENTRE LOS OTROS ACUSADOS

En el procedimiento también están acusadas otras once personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La defensa insiste en que la causa carece de base sólida y considera que el proceso judicial se ha construido sobre fundamentos que no justifican la celebración del juicio. Mientras tanto, las acusaciones mantienen que existen suficientes indicios para sostener que la plaza pudo haberse creado de manera irregular.

La causa judicial analiza si el puesto fue diseñado específicamente para facilitar la incorporación de Sánchez a la administración provincial. Según la investigación, la Diputación promovió en 2016 la creación urgente de un cargo de alta dirección que requería dedicación exclusiva y presencia habitual en Badajoz.

Meses después se aprobaron las bases del proceso y finalmente David Sánchez obtuvo el puesto, incorporándose oficialmente en verano de 2017.

La defensa rechaza cualquier irregularidad y sostiene que no existió influencia política en el procedimiento, subrayando que Pedro Sánchez ya no dirigía el PSOE cuando culminó el nombramiento.

INDICIOS RECOGIDOS EN LA INVESTIGACIÓN

No obstante, la magistrada instructora considera que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio. Los indicios recogidos durante la investigación, entre ellos correos electrónicos, documentación administrativa y análisis de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apuntan a posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El procedimiento judicial ha generado una fuerte repercusión política y mediática debido a la relación familiar entre el acusado y el presidente del Gobierno.

POR LA PUERTA DE ATRÁS

David Sánchez accedía este jueves a la Audiencia Provincial de Badajoz pocos minutos antes del inicio de la vista oral, entrando por un acceso secundario.  A partir de las diez de la mañana se sentó en el banquillo como acusado en un proceso judicial que busca determinar si la Diputación de Badajoz creó específicamente para él un puesto de alta dirección vinculado a la coordinación de los conservatorios provinciales.

LOS HECHOS

Los hechos se remontan a mayo de 2016, cuando la institución provincial impulsó por vía urgente la creación de una plaza que exigía dedicación exclusiva y presencia habitual en Badajoz. Meses después se inició formalmente el procedimiento administrativo y, tras la publicación de las bases en 2017, David Sánchez terminó siendo nombrado para el cargo y tomó posesión ese mismo verano.

La defensa sostiene que no existió trato de favor, argumentando que Pedro Sánchez ya no ocupaba entonces la secretaría general del PSOE cuando se completó el proceso administrativo y el nombramiento oficial.

Sin embargo, la magistrada encargada de la instrucción considera que existen indicios suficientes para investigar posibles irregularidades. 

La juez basó sus conclusiones en documentación administrativa, correos electrónicos, informes elaborados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y las declaraciones recogidas durante la investigación, apuntando a posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.