El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha anunciado que trabajará para implantar un “control absoluto” del gasto público y para priorizar a las personas con arraigo en la región en el acceso a ayudas sociales y vivienda.

Fernández Calle ha realizado estas declaraciones antes de su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Asamblea de Extremadura, donde ha expuesto las principales líneas de actuación de su departamento para esta legislatura.

El consejero ha señalado que uno de los objetivos del Ejecutivo autonómico es “ratificar” el acuerdo de gobierno entre Vox y PP en todos sus puntos, destacando que incluye medidas centradas en el control del gasto, el refuerzo de las políticas familiares y la prioridad del arraigo en el acceso a prestaciones sociales.

En el ámbito de la desregulación administrativa, Fernández ha defendido la necesidad de avanzar hacia una administración “más ágil”, que actúe como “aliada” de los ciudadanos y no como un obstáculo. Para ello, ha apostado por reducir la burocracia y eliminar trabas administrativas en todas las áreas del Gobierno regional.

Asimismo, ha indicado que parte de estas mejoras podrán llevarse a cabo sin necesidad de nuevas leyes, mediante ajustes administrativos que simplifiquen la relación de la ciudadanía con la Administración.

FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA A FAMILIAS

En materia de familia, el vicepresidente extremeño ha avanzado que se impulsarán medidas para facilitar el acceso a la vivienda, reforzar las ayudas a la natalidad y ofrecer un apoyo específico a las familias numerosas.

En el área de Servicios Sociales, Fernández ha insistido en que las políticas estarán orientadas a dar prioridad a las personas con arraigo en Extremadura, defendiendo el principio de “prioridad nacional” como eje de actuación durante la legislatura.

El vicepresidente también ha defendido la necesidad de garantizar unos servicios sociales "más justos, ordenados y eficaces", combatiendo el fraude y priorizando los recursos públicos para quienes mantienen un arraigo real con Extremadura. 

Fernández Calle ha concluido asegurando que esta legislatura debe marcar "un cambio profundo" en la forma de entender las políticas sociales y familiares en Extremadura, apostando por "menos administración inútil, más protección social real y una Extremadura donde formar una familia vuelva a ser posible".