La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado la actualización técnica y económica del proyecto de conversión de los antiguos pabellones militares en una futura residencia de mayores, una actuación con la que el consistorio busca desbloquear definitivamente una infraestructura paralizada desde hace años.

La medida permitirá adaptar el pliego de condiciones a los costes actuales del sector de la construcción y garantizar así la viabilidad económica de la próxima licitación, favoreciendo el interés de futuras empresas adjudicatarias.

ACTUALIZACIÓN DE COSTES

Desde el ayuntamiento han aclarado que no se trata de redactar un nuevo proyecto, sino de una revisión integral del documento técnico ya existente. La actualización incluye tanto las partidas ya ejecutadas como el reajuste económico de las obras pendientes, afectadas por el fuerte incremento del precio de materiales y ejecución registrado en los últimos años.

Según el consistorio, el encarecimiento supera el 50%, circunstancia que ha obligado a elevar el presupuesto base de licitación hasta los 3.334.255,65 euros, cantidad a la que habrá que sumar el 23% correspondiente a gastos generales y beneficio industrial, además del 21% de IVA.

PARTIDAS PRINCIPALES

Entre las actuaciones con mayor peso económico dentro del proyecto destacan las instalaciones de climatización y ventilación, con una inversión prevista de 706.779,59 euros, lo que representa el 21,20% del total.

También sobresalen las partidas destinadas a revestimientos, valoradas en más de 410.000 euros; los trabajos de placa de yeso laminado, con más de 320.000 euros; y la vidriería, que supera los 261.000 euros.

CONFLICTO CON JOCA

El ayuntamiento ha recordado además la situación jurídica derivada de los incumplimientos de la anterior adjudicataria, cuyo contrato fue resuelto tras constatarse un nivel de ejecución inferior al 50% y reiterados retrasos en las obras.

La decisión municipal ha sido respaldada judicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cuya sentencia emitida en enero de 2025 confirmó la validez de las sanciones impuestas por el consistorio a la empresa, que ascienden a 220.461,06 euros.

DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES

Desde el consistorio han defendido que, además de trabajar en la viabilidad técnica de la residencia, el Ayuntamiento ha garantizado “la legalidad de la resolución del contrato anterior”, desestimándose los recursos presentados por la empresa y ratificándose los incumplimientos que motivaron la paralización de las obras.

Con esta actualización aprobada, el ayuntamiento pretende reactivar cuanto antes una infraestructura considerada estratégica para la ciudad y destinada a ampliar los recursos asistenciales para las personas mayores.