La Guardia Civil ha investigado a ocho personas por su presunta implicación en varios incendios forestales registrados en distintos puntos de la provincia de Cáceres entre los meses de marzo y abril de 2026. Las investigaciones apuntan a conductas imprudentes relacionadas con quemas agrícolas y trabajos en parcelas realizados sin las medidas de seguridad necesarias o sin la autorización administrativa exigida.

Los incendios han afectado a más de 135 hectáreas de masa forestal, dehesa y pastos, generando importantes daños medioambientales y movilizando numerosos recursos de extinción.

EL INCENDIO MÁS GRAVE, EN ZARZA DE MONTÁNCHEZ

El incendio de mayor gravedad se produjo el 17 de marzo en el término municipal de Zarza de Montánchez, donde las llamas arrasaron alrededor de 80 hectáreas. Según la investigación desarrollada por los agentes, el fuego se originó durante una quema de vegetación viva en pie destinada a la limpieza del terreno, una práctica prohibida por la normativa vigente.

Días después, el 28 de marzo, se declaró otro incendio en Pinofranqueado que afectó a una hectárea. Las pesquisas determinaron que el origen estuvo en una quema de restos agrícolas realizada sin adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del fuego.

DOS INCENDIOS EN UN DÍA

La jornada del 29 de marzo concentró dos nuevos incendios forestales. El primero tuvo lugar en Acebo, donde ardieron 31 hectáreas de terreno forestal. Aunque el propietario contaba con autorización para efectuar quemas agrícolas, la falta de control sobre el fuego provocó que las llamas se extendieran fuera del perímetro previsto.

Ese mismo día, en Montánchez, otro incendio forestal calcinó unas 19 hectáreas de dehesa. La investigación concluyó que el fuego se inició a partir de restos procedentes de una quema agrícola que carecía de autorización administrativa.

NUEVOS INCENDIOS EN ABRIL

Ya en abril, el día 12, un incendio registrado en Alcuéscar afectó a una hectárea de masa forestal. Los agentes determinaron que el origen estuvo en una quema agrícola realizada sin presentar la correspondiente declaración responsable.

Posteriormente, el 17 de abril, un nuevo incendio en Alcollarín arrasó 3,78 hectáreas de superficie forestal. En este caso, las investigaciones apuntan a labores agrícolas negligentes desarrolladas en una parcela de la zona.

Un día más tarde, el 18 de abril, otro incendio declarado en Carbajo afectó a una hectárea de gramíneas y leguminosas. Según la Guardia Civil, el fuego comenzó junto a una quema de restos vegetales que se realizaba sin comunicación responsable y sin medidas de autoprotección.

El último de los incendios investigados tuvo lugar el 24 de abril en Santiago de Alcántara, donde las llamas calcinaron aproximadamente una hectárea de pastos repartidos en varias parcelas. Los agentes localizaron el origen del fuego en una zona en la que se habían llevado a cabo quemas agrícolas sin la correspondiente comunicación administrativa.

POSIBLES PENAS DE PRISIÓN

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente. Los investigados podrían enfrentarse a las penas contempladas en el artículo 358 del Código Penal, que castiga los incendios forestales causados por imprudencia grave con penas de prisión de entre seis meses y dos años, además de multas y responsabilidades civiles derivadas de los daños ocasionados y de los costes de extinción.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones durante las labores agrícolas, incluso en épocas de peligro bajo de incendios forestales, ya que las condiciones meteorológicas y la acumulación de combustible vegetal pueden favorecer la rápida propagación del fuego.

Asimismo, el instituto armado ha agradecido la colaboración y el apoyo técnico prestado por los servicios del Plan Infoex de la Junta de Extremadura, cuya actuación ha resultado clave tanto en las tareas de extinción como en el esclarecimiento de los distintos siniestros.