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viernes. 08.05.2026 |
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Extremadura pide al Gobierno que las ayudas por los incendios de 2025 queden exentas de impuestos

Incendio forestal en Extremadura en el verano de 2025.
Extremadura pide al Gobierno que las ayudas por los incendios de 2025 queden exentas de impuestos

Extremadura fue una de las regiones más castigadas por los incendios registrados en 2025, que arrasaron más de 50.000 hectáreas en distintos puntos de la comunidad autónoma.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha solicitado al Ministerio de Hacienda que las ayudas concedidas por la Junta de Extremadura a los afectados por los incendios forestales del pasado verano no tributen.

Extremadura fue una de las regiones más castigadas por los incendios registrados en 2025, que arrasaron más de 50.000 hectáreas en distintos puntos de la comunidad autónoma.

Tras aquella emergencia, la Junta aprobó en septiembre de 2025 el Decreto-ley 5/2025, que incluía ayudas extraordinarias y medidas urgentes para facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

AYUDAS

Estas ayudas han estado dirigidas a compensar gastos derivados de desalojos, daños en viviendas, explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas, así como pérdidas sufridas por autónomos, pymes y empresas turísticas.

Ahora, el Ejecutivo extremeño reclama al Gobierno central que estas ayudas autonómicas reciban el mismo tratamiento fiscal que las estatales aprobadas tras los incendios forestales del verano pasado.

El Consejo de Ministros aprobó recientemente, mediante el Real Decreto-ley 10/2026, la exención tributaria de determinadas ayudas estatales concedidas a víctimas de incendios forestales y otras emergencias declaradas como zona gravemente afectada por Protección Civil.

Por ello, la Junta ha remitido un escrito formal al Ministerio de Hacienda solicitando que la exención se amplíe también a las ayudas concedidas por Extremadura dentro del decreto autonómico.

La consejera ha defendido que estas ayudas tienen como finalidad reparar daños y favorecer la recuperación económica y social de las zonas afectadas, por lo que considera que no deberían generar cargas fiscales para los damnificados.

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