La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha reclamado este lunes al Ministerio de Hacienda la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2026, conforme a las cifras comunicadas en noviembre de 2025.

DIFERENCIAS EN LAS CANTIDADES ASIGNADAS

La responsable autonómica ha recordado que inicialmente se fijó una cuantía de 4.481,93 millones de euros anuales, lo que suponía 373,49 millones mensuales. Sin embargo, esta previsión se redujo tras la publicación del Real Decreto-ley 16/2025, situando las entregas en 344,54 millones al mes, es decir, 28,95 millones menos mensuales.

Según Manzano, la no convalidación en el Congreso de los Diputados de los decretos posteriores ha provocado que Extremadura haya dejado de recibir 86,86 millones de euros entre enero y marzo de 2026.

La consejera ha advertido de que, de mantenerse la situación actual y aplicarse las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, la región podría percibir solo 297 millones de euros mensuales, lo que supondría 76,49 millones menos al mes respecto a lo previsto inicialmente.

RIESGO DE PÉRDIDA MILLONARIA

De no actualizarse las entregas a cuenta durante todo el ejercicio, el impacto económico ascendería a 775,24 millones de euros menos en 2026, sumando tanto lo ya perdido como las previsiones hasta final de año.

Manzano ha alertado de los efectos negativos e irreversibles que esta situación podría tener sobre las finanzas públicas, subrayando que estos recursos no son una concesión del Estado, sino ingresos tributarios que corresponden a las comunidades autónomas.

TENSIONES DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO

La falta de actualización genera además tensiones de tesorería, obligando a recurrir al endeudamiento. De hecho, la Junta tuvo que asumir más de 993.000 euros en intereses entre 2023 y 2024 por retrasos en estas transferencias.

Ante este escenario, el Ejecutivo autonómico ha instado al Gobierno a actuar con urgencia para restablecer las cantidades previstas, garantizando así la financiación necesaria para mantener los servicios públicos en la región.