La Asamblea de Extremadura ha convalidado este jueves el decreto-ley acordado por la Junta y Vox que modifica la ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos. La sesión se desarrolló en un pleno marcado por las críticas y reproches del PSOE y Unidas por Extremadura, grupo este último que decidió no participar en la votación y abandonar el hemiciclo antes de su inicio.

El decreto ley fue aprobado con los votos a favor del PP y Vox, mientras que el Grupo Socialista se abstuvo. La petición de que se tramitara como proyecto de ley fue rechazada por la cámara legislativa.

Durante la defensa de la iniciativa, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, explicó que la norma busca dotar a la región de un marco jurídico adaptado a la situación de gobierno en funciones, prolongada por varios meses. Bautista subrayó que la medida responde a una necesidad "urgente, real y muy clara" y no a ninguna "estrategia política".

Por su parte, Óscar Fernández, presidente del Grupo Parlamentario Vox, defendió la modificación como una "corrección justa y necesaria" de la normativa aprobada por un gobierno del PP, asegurando que la medida permitirá un funcionamiento normal de la administración durante el periodo de transición.

El diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos agradeció la tramitación del decreto y destacó que evidencia que el gobierno autonómico actúa "al servicio" de los extremeños.

CRÍTICAS DEL PSOE Y UNIDAS POR EXTREMADURA

José María Vergeles, presidente del grupo socialista, calificó el decreto de "atropello" y cuestionó la urgencia de su aprobación, preguntando “cuánto tiempo más nos van a tener en funciones”. Pese a ello, aseguró que su grupo ha actuado con responsabilidad.

Por su parte, Irene de Miguel, presidenta de Unidas por Extremadura, señaló que su grupo no sería "cómplice de este engendro democrático" y que no votaría el decreto porque lo considera ilegal. De Miguel calificó la norma de "barbaridad jurídica" y "absoluto esperpento", criticando además la paralización de la región durante cinco meses por lo que calificó de "capricho y tacticismo electoral".