Analizar el advenimiento del receso republicano con los condicionantes que estamos asumiendo en nuestra argumentación es especialmente interesante, puesto que si hay un régimen a la Historia de nuestro país que se declara abiertamente municipalista es este; por lo tanto, mirar a la realidad de los municipios españoles de aquel momento histórico y a sus cambios permite detentar una opinión bastante clara del resultado de sus políticas.

Y ante eso los hechos son irrefutables: claramente y aunque los intentos de regeneración en materias esenciales como la educación y demás derechos universales estuvieron siempre encima de la mesa, la herencia republicana podría considerarse como desastrosa si tuviéramos en cuenta dos pilares fundamentales que de alguna manera permiten testar el progreso y el desarrollo de un país; la paz social y
el desarrollo económico. Tanto en un caso como en el otro, al final del período ambos factores se encontraban en una situación mucho peor que tras su advenimiento: la polarización política se convertiría a la postre en una brecha cada vez más grande que desembocaría en una cruenta guerra civil donde el ajuste de cuentas acabó sobrepasando el fanatismo ideológico (que ya por sí era grande). En lo que respecta a
la cuestión económica, los apuros de administraciones locales como la sanvicenteña, se fueron agravando con los años hasta llegar a un situación verdaderamente dramática en donde se rozó la bancarrota.

Veamos a citar algunos datos significativos que apoyan dicha opinión.

Los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en San Vicente de Alcántara no distaron en nada a lo que ocurriría en la gran mayoría de municipios del país: victoria aplastante de la coalición socialista-republicana encabezada en este caso por el líder local Antonio Sendras, ya mencionado anteriormente.

La figura que se nos dibuja de Sendras en diversos testimonios es el de una persona bondadosa, conciliadora, ilustrada y con un trágico final fruto de la bárbara represión que hubo en la localidad tras el comienzo de la guerra.

El edil, junto con su equipo de gobierno en el que también estaba Ramón Camisón, otro ilustre mártir también pasado por armas tras el inicio de la contienda pero por el otro bando, tuvieron que enfrentarse a los grandes retos y problemas estructurales existentes, y para los que la república no presentó soluciones eficientes.

Estamos hablando lógicamente del paro obrero, que lejos de paliarse tras promulgar medidas como la reforma agraria, lo que produjo en municipios como el sanvicenteño fue incrementar su problemática: precisamente es la citada reforma un buen ejemplo que vuelve a demostrar los efectos colaterales negativos de la injerencia del Estado en cuanto a la planificación estricta económica y socialmente se refiere. Como bien es sabido, con dicha iniciativa, lo que se pretendió entre otras cuestiones fue poner en
manos de los braceros los grandes latifundios privados mediante el incentivo (por no decir la obligación) de arrendamientos masivos sujetos a no poca controversia por la negación de sus dueños, lo cual provocaría grandes conflictos que llevarían incluso a la toma por la fuerza de tales tierras por parte del campesinado. Hay que decir que esta situación en San Vicente no llegó a producirse a pesar de los bulos promovidos por algunos propietarios de los terrenos ubicados en la Dehesa de Piedrabuena, quienes lo denunciaron en la prensa nacional del momento tal y como se refleja en las actas municipales. En este sentido, cabe destacar la enorme labor que el ayuntamiento desempeñó de cara a facilitar los contratos, y que llevaron al alcalde a realizar numerosos viajes a Madrid para tratar este asunto y el verdadero problema al que tuvo que enfrentarse el municipio: la disposición normativa que obligaba a los ayuntamientos a contratar solamente a braceros locales de su término.

Este asunto, dirigido a proteger la mano de obra municipal, curiosamente, se convirtió en la espada de Damocles para San Vicente al no tener el pueblo un término municipal lo suficientemente grande como para acoger a todo su campesinado. Esto, unido a la negativa de los pueblos vecinos a hacerlo aludiendo a tal disposición, hizo que el paro se disparara dramáticamente y que el alcalde tuviera que mediar a nivel ministerial para que se publicara alguna iniciativa legislativa específica que intentara mitigar la sangría de empleo de la localidad. Al final esto pudo producirse pero transcurridos varios años desde la instauración del régimen y bajo las reticencias de las localidades vecinas que seguían viendo al bracero sanvicenteño como un intruso, y al que así trataban.

A esto hay que unir la crisis específica que golpeaba al negocio corchero y de la cual hemos hablado antes.

El resultado final fue devastador. Nuevamente las políticas municipales centraron todos sus esfuerzos en generar obra pública sobre todo tras las presiones de asociaciones de artesanos locales, sindicatos y movimientos obreros. Para ello se culminaron algunos proyectos iniciados en la etapa anterior, como fueron caminos vecinales hacia La Codosera o Salorino, unidos a los tradicionales arreglos de calles, construcción de nichos en el cementerio y adecuamiento de callejas colindantes.

Otro problema importante tuvo que ver con la inflación de precios en productos de primera necesidad tales como el aceite o la harina. Las circunstancias para este último producto siempre fueron comprometedoras si analizamos los datos de los años anteriores en los que hubo regularmente una notoria escasez de trigo que obligaría a los ayuntamientos de la Restauración a intervenir los precios y a realizar acopios.

En este período no hubo excepción: es más, como es de suponer, la intervención de mercado por parte del ayuntamiento fue más allá, prohibiendo la salida de trigo fuera del municipio dadas las circunstancias. El resultado no pudo ser peor: la aparición de un mercado negro de acopio y de venta que desembocaría en la escasez total en la disposición de pan. La situación fue tan dramática que el ayuntamiento se vio obligado a comprar hogazas a la villa de Alburquerque. Para los anales del disparate está la pérdida de un cargamento de tales víveres comprados en el pueblo vecino y perdidos en el trayecto hacia San Vicente por haberse mojado por las lluvias.

No es de extrañar, por lo tanto, que en esta coyuntura el registro de personas pobres de solemnidad aumentara notablemente, así como las peticiones de socorros pertinentes. Esto mismo unido a la poca predisposición del vecindario a cumplir con los ejercicios contributivos tal y como se argumenta en los textos, hicieron que al final del régimen se contara en la caja municipal con la paupérrima cantidad de 400 pesetas.

No obstante, y a pesar de todo, hemos de reseñar algunas aportaciones notables que la República trajo a la villa.

En materia de educación e instrucción pública, son reseñables algunos logros significativos como la conversión de las escuelas municipales de los corchos en escuelas nacionales, un viejo anhelo que no llegó nunca a concretarse en tiempos pasados. También hay que destacar el aumento del número de aulas para dar cabida a los bachilleratos (hasta ese período solamente se impartía en el pueblo la instrucción básica). Igualmente es destacable la ampliación de la cantidad de becas municipales para niños necesitados. Por último cabe mencionar la construcción de una biblioteca municipal a instancia del gobierno central, gestionada y sufragada eso sí por las arcas del ayuntamiento.

También en sanidad fueron notorias algunas mejoras conseguidas como fue el caso de la construcción de un nuevo Hospital con nuevas infraestructuras y servicios.

En lo que se refiera al ambiente cívico, no fue el quinquenio republicano un período donde imperara lo que podemos llamar como paz social.

En cuanto a los vínculos entre la administración y los estamentos eclesiásticos locales, aspecto éste que fue nuclear en le síntesis de las enormes tensiones sociales que caracterizaron el régimen en su conjunto, podemos decir que en las actas municipales se deduce una relación tensa durante el período de gobierno de Sendras, así como en los últimos meses del régimen tras la vuelta al poder de la coalición de izquierdas.

Entre otras cuestiones, se detallan iniciativas como la propuesta del que luego fuera alcalde durante el período de gobierno de las derechas señor Camisón, quien fuera erigido además como mártir de la causa nacional tal y como hemos indicado antes, en la que solicitaba la prohibición de cualquier tipo de acto procesional religioso, y al que el alcalde socialista de entonces (señor Sendras) se opuso radicalmente. También se hacen alusiones a las proclamas que los sacerdotes locales lanzaban en los púlpitos
contra la República, sobre todo como consecuencia de la aparición de nuevos tributos locales hacia la iglesia por el repique de campanas anunciantes de los oficios religiosos, y que llevó a una cierta polémica entre uno de los párrocos municipales y el ayuntamiento tras trascender la medida en la prensa provincial. Igualmente, cabe destacar el episodio derivado de la colocación de una sirena en el ayuntamiento (que lindaba precisamente con la iglesia) para el anuncio de los entierros civiles, un hecho que fue considero como una afrenta por el estamento eclesiástico. Al respecto y como anécdota, podemos añadir que durante la guerra, la sirena fue donada por el ayuntamiento gestor del pueblo al de Badajoz, con la intención de que fuera utilizado para los avisos de los bombardeos de la aviación enemiga.

En lo que se refiere al ambiente de convivencia cívica, se puede adivinar que la sociedad sanvicenteña no quedó al margen de la cuestión de la lucha de clases, un aspecto igualmente cardinal que condicionó sobremanera el panorama no sólo político sino también social en los pueblos y ciudades de la España republicana.

Ya comentamos antes la importancia que adquirieron en el período las asociaciones profesionales entre la que destaca sobre todo una de ellas, La Hormiga, colectivo que aglutinaba a obreros de la construcción y que asumieron una voz destacaba al frente de las reivindicaciones frente al paro tan acusado que se estaba produciendo en el pueblo. Tales presiones, unidas a otras consideraciones particulares, condicionaron la renuncia del alcalde Sendras, dando así lugar a un período aún más contestatario por
parte de la masa obrera que, aunque sin llegar al grado de otros lugares del país, no dudaron en alzar sus peticiones ante el lento desempeño de las reformas iniciadas con el advenimiento del nuevo régimen, y ralentizadas sino paralizadas durante el gobierno de la CEDA.

Precisamente fue durante este período cuando se llevó a cabo uno de los episodios más escabrosos que refleja como ningún otro el frentismo de los dos bloques radicalizados en su máxima expresión. Fruto de la cada vez más insostenible crispación social, bajo el mandato de Ramón Camisón, se produjo el cese por parte del gobernador civil de la provincia de los concejales socialistas y comunistas más contestatarios, volviendo así a las artes caciquiles de la época de la Restauración. Dicha decisión se revocó con la llegada del Frente Nacional al poder ya en febrero de 1936, procediéndose de la misma forma al cese de todo el equipo de Camisón. Además, sobre el ex acalde se acabó iniciando un procedimiento judicial en base a una supuesta mala praxis en la gestión económica tras los resultados de una auditoría de dudosa objetividad. La causa acabó siendo sobreseída tras el estallido de la guerra y cuando el exedil llevaba muerto ya varios meses.