La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha condenado a dos hombres a 18 años de prisión por captar a mujeres jóvenes en Colombia y traerlas a España para ejercer la prostitución.

La Audiencia Provincial de Cáceres les había condenado previamente a seis años de prisión por cada uno de los delitos a los que se les había acusado con un límite de 18 años de cárcel y ahora la Sala del TSJEx ha confirmado íntegramente la condena impuesta.

Estas dos personas fueron condenadas por la comisión de siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución lucrativa y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Además de la condena, la sentencia establece la prohibición de comunicación y aproximación a las víctimas durante 10 años, una medida de libertad vigilada durante 5 años tras la pena de prisión y el pago de indemnizaciones que van de los 3.000 a los 8.000 euros a cada víctima.

NECESIDAD ECONÓMICA DE LAS VÍCTIMAS

Los condenados captaron en Colombia a varias mujeres jóvenes que se encontraban en situación de extrema necesidad económica a las que prometían obtener ingresos en España. La sentencia considera probado que actuaron “con la finalidad de obtener beneficios económicos con la prostitución ejercida por mujeres en situación de necesidad”.

Una vez que convencían a las chicas, financiaban sus billetes de avión, entregaban dinero para aparentar solvencia en la frontera y daban instrucciones para evitar controles policiales. Una vez en España, las mujeres debían devolver inmediatamente las cantidades que habían recibido.

Ya en nuestro país, las víctimas eran trasladadas a un piso controlado por los acusados, donde participaban en una sesión fotográfica con el fin de aparecer en anuncios de índole sexual.

CONDICIONES LABORALES ABUSIVAS

Las mujeres eran sometidas a unas condiciones laborales abusivas: debían estar disponibles al menos seis días a la semana durante las veinticuatro horas y los acusados se quedaban con el 40% de cada servicio.

Además asumían una deuda de entre 2.000 y 3.000 euros que incluía el coste de los billetes y supuestos gastos y gestiones, muy por encima del precio real que habían costado esos servicios.

Según recoge la sentencia, las chicas estaban sometidas a vigilancia permanente mediante cámaras y teléfonos móviles con geolocalización, a los que los acusados tenían acceso remoto.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.