La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA) ha alertado sobre la crisis de accesibilidad en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que afecta a ciudadanos y empresas en el norte de la provincia, especialmente en los entornos de Coria, Moraleja y Plasencia. Según la organización, algunas empresas han documentado esperas de hasta cuatro meses para obtener cita.

RETRASOS QUE AFECTAN A LA ECONOMÍA

COEPCA recuerda que la ITV es obligatoria y está vinculada a la seguridad vial y al cumplimiento normativo, por lo que el acceso a las citas debe ser razonable y previsible. Organizaciones de consumidores han denunciado retrasos superiores al mes, mientras que asociaciones empresariales locales, como Asecoc en Coria y Arigata en Moraleja, han registrado esperas prolongadas de hasta cuatro meses.

El presidente de COEPCA, Diego Hernández Pavón, advierte que esta situación tiene consecuencias directas sobre la actividad económica. “La ITV no puede ser una ruleta: si es obligatoria, tiene que ser accesible”, afirmó.

INSEGURIDAD JURÍDICA Y PERJUICIO ECONÓMICO

COEPCA subraya que cuando la Administración exige cumplir un trámite para poder circular, pero las citas se agotan en minutos o se limitan a huecos por cancelaciones, se genera inseguridad jurídica y un perjuicio económico directo para los empresarios. Hernández Pavón asegura que la situación refleja un problema estructural que afecta al tejido productivo: “vehículos parados, actividad frenada y empresarios atrapados en un sistema que no responde”.

RECLAMACIONES Y PLAN DE CHOQUE

La organización insiste en que la provincia no puede esperar a que las nuevas instalaciones estén plenamente operativas para recuperar la normalidad en las citas. Por ello, COEPCA reclama un plan de choque de capacidad y gestión operativa en el norte de Cáceres, que incluya refuerzo de personal, ampliación de líneas o turnos donde sea viable y una gestión activa de cancelaciones y huecos, para atender sin cita en tiempos muertos.

COEPCA concluye que una ITV eficaz no se mide solo por cuántas inspecciones se pueden realizar al día, sino por la capacidad real de atender a ciudadanos y empresas, evitando que la cita previa se convierta en una lotería.