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domingo. 26.04.2026 |
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Extremadura incorpora a Coto Sierra a su catálogo de montes protectores

Coto Sierra.
Extremadura incorpora a Coto Sierra a su catálogo de montes protectores

Extremadura cuenta ya con cinco montes protegidos, una figura que permite a los propietarios privados gestionar conjuntamente con la Administración regional los recursos forestales.

La Junta de Extremadura ha dado un paso más en la protección forestal con la incorporación de Coto Sierra, situado en los municipios de Talaveruela de la Vera y Valverde de la Vera, al catálogo de montes protectores

Con esta declaración, Extremadura cuenta ya con cinco montes protegidos, una figura que permite a los propietarios privados gestionar conjuntamente con la Administración regional los recursos forestales.

Coto Sierra, con una superficie de 556 hectáreas, pertenece a la Comunidad de Bienes Coto Sierra Valverde y Talaveruela de la Vera y ya está inscrito en el Registro de montes protectores de Extremadura. Parte de su territorio forma parte de la Red Natura 2000 y alberga hábitats de interés prioritario, consolidando su importancia ambiental.

OTROS MONTES PROTECTORES 

La región cuenta con otros montes protectores en Descargamaría, Hoyos, Santibáñez el Alto y en la zona compartida por Garlitos y Risco. Actualmente, la administración mantiene contratos de gestión con los montes del Valle del Árragoen Descargamaría y de Sierra de los Ángeles-La Debra en Santibáñez el Alto, con una inversión de 1.145.000 euros, que ha permitido tratar cerca de 115.000 estéreos de madera.

La declaración de Coto Sierra reconoce su papel en la protección del suelo frente a la erosión, la regulación del régimen hidrológico y la conservación de la biodiversidad

La gestión continuará a cargo de la entidad propietaria, mediante instrumentos como proyectos de ordenación o planes de aprovechamiento, garantizando la estabilidad de la masa forestal y la conservación de sus valores ecológicos. Además, los terrenos se clasifican como suelo rústico protegido y tienen prioridad para acceder a incentivos públicos de gestión forestal sostenible, mientras que cualquier planeamiento urbanístico que afecte a estos espacios deberá contar con el informe preceptivo de la administración forestal autonómica

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