Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Peraleda del Mata y al Equipo Roca de la Compañía de Navalmoral de la Mata, junto con efectivos de la Policía Nacional, han destapado un caso de empadronamientos irregulares de ciudadanos extranjeros en la localidad cacereña de El Gordo.

La actuación permitió detectar el empadronamiento de diez ciudadanos extranjeros en una vivienda social adjudicada a un vecino del municipio. Entre las personas inscritas figuraban cinco ciudadanos de origen marroquí y otros cinco de origen egipcio, circunstancia que levantó sospechas al tratarse de un número elevado de registros en un municipio de reducido tamaño y sin vínculos conocidos con Egipto.

Las gestiones realizadas por el Puesto de la Guardia Civil de Peraleda del Mata y el Equipo ROCA de Navalmoral de la Mata permitieron comprobar que los ciudadanos extranjeros inscritos no residían realmente en la localidad ni habían hecho uso de la vivienda en la que constaban empadronados. Incluso se desconocía su presencia habitual en el municipio.

Los agentes concluyeron que los empadronamientos se habían realizado en fraude de ley, al no constituir la vivienda el domicilio real de las personas inscritas.

DIEZ SANCIONES POR INFRACCIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Cáceres, que procedió a la incoación de diez expedientes sancionadores por infracción grave de la Ley de Extranjería.

Tras la tramitación ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, se resolvió imponer diez sanciones administrativas de 1.000 euros cada una, por lo que el titular de la vivienda se enfrenta a una multa de 10.000 euros por consentir la inscripción de personas extranjeras sin que la vivienda constituyera su domicilio real, pese a tratarse además de una vivienda social destinada exclusivamente a su residencia.

ANTECEDENTES Y ADVERTENCIA DE LAS AUTORIDADES

El presunto autor de los hechos es un varón de nacionalidad española al que le constan antecedentes policiales por otros hechos delictivos de distinta naturaleza.

Desde la Guardia Civil y la Policía Nacional recuerdan que los empadronamientos fraudulentos suelen utilizarse para cumplir de forma ilícita requisitos administrativos vinculados a la regularización de extranjeros o para la obtención indebida de prestaciones y ayudas sociales. Estas conductas pueden conllevar sanciones administrativas de hasta 10.000 euros e incluso responsabilidad penal en determinados supuestos.