El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha registrado una moción en la que rechaza la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular anunciada por el Gobierno central y plantea un endurecimiento general de la política migratoria.

El portavoz de la formación en el consistorio cacereño, Eduardo Gutiérrez, ha criticado el acuerdo hecho público el 26 de enero entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios para impulsar, mediante Real Decreto, un proceso que permitiría regularizar a más de 500.000 personas. Según Vox, la vía elegida evitaría el debate parlamentario ordinario en el Congreso de los Diputados.

En el texto presentado, la formación sostiene que este tipo de medidas no solucionan el problema de fondo y, por el contrario, generan un “efecto llamada” que, a su juicio, debilita el cumplimiento de la ley y perjudica a quienes siguen los procedimientos legales establecidos.

Asimismo, la moción cuestiona declaraciones de miembros del Gobierno en las que se habría vinculado la regularización con el acceso a la nacionalidad y al derecho de voto. Vox interpreta estas manifestaciones como una estrategia con fines electorales y alerta de un posible impacto en el censo.

En el plano económico, el grupo municipal rebate el argumento de que la llegada de población extranjera sea imprescindible para sostener el sistema público de pensiones. Según recoge el documento, diversos estudios apuntarían a que la inmigración poco cualificada no corrige el desequilibrio estructural del sistema.

Gutiérrez ha señalado que la capital cacereña no es ajena a esta realidad y ha aludido a las dificultades de acceso a la vivienda, el empleo y los servicios públicos. A su juicio, el ayuntamiento debe posicionarse ante decisiones estatales que, afirma, influyen en la convivencia y en los recursos municipales.

PROPUESTAS

Entre las medidas que Vox propone instar al Gobierno de España figuran la devolución a sus países de origen de quienes entren de forma irregular en territorio nacional, así como la expulsión de extranjeros —con independencia de su situación administrativa— que cometan delitos graves o reincidan en infracciones leves.

La moción también plantea establecer la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos, suprimir subvenciones municipales a entidades que, según el partido, favorezcan la inmigración irregular y eliminar beneficios sociales para quienes se encuentren en situación ilegal.

Además, solicita reformas normativas para modificar figuras como el arraigo y reforzar los controles en los procedimientos de extranjería y asilo. En el ámbito local, propone estudiar una ordenanza que regule sanciones por incumplimientos relacionados con el padrón municipal, con el objetivo de impedir el empadronamiento de personas en situación irregular.

Finalmente, la iniciativa insta al Ejecutivo central a revisar la cooperación al desarrollo con aquellos países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios ni en la readmisión de sus nacionales.

La moción deberá debatirse en el pleno municipal, donde el resto de grupos fijarán su posición sobre una propuesta que anticipa un intenso debate político.