La organización agraria La Unión Extremadura ha anunciado que reclamará ante las administraciones y, de ser necesario, en sede judicial, los 50,40 millones de euros que la industria transformadora de tomate pretende arrebatar a los productores de la región.

Según explican desde la organización, el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, establece que el precio a pagar por un producto agrario no puede ser inferior a los costes efectivos de producción. Además, regula que el precio al productor no podrá superar lo estipulado en los contratos, con el objetivo de evitar la venta a resultas.

La normativa comunitaria establece que este 13 de febrero a las 12.00 horas expiraba el plazo para registrar los contratos de compraventa entre productores e industrias transformadoras. Sin embargo, según La Unión, la industria se ha puesto de acuerdo para fijar el precio del tomate por debajo de 107 €/tm, muy por debajo de los costes efectivos de producción, que rondan los 135 €/tm, según los estudios realizados por la Consejería de Agricultura y la propia organización.

La Unión Extremadura asegura que este incumplimiento de la ley supondría un perjuicio de 50,4 millones de euros para los productores de tomate de la región. En consecuencia, la organización presentará denuncias primero ante la Junta de Extremadura, y si no se tramitan, recurrirá al AICA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, para garantizar el cumplimiento de la ley.

El responsable de prensa de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha declarado que la organización “exigirá hasta el último euro a las industrias, tanto ante las administraciones como, si fuera necesario, recurrir a la justicia, para no permitir este atropello a los productores de tomate de la región”.