La Junta de Extremadura ha advertido de que llevará al Tribunal Constitucional el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno central si finalmente es aprobado. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, quien considera que la propuesta vulnera principios básicos de la Constitución y supondría un grave perjuicio económico para la comunidad.

Según ha explicado Manzano tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes, la aplicación del nuevo sistema podría provocar una merma anual cercana a los 700 millones de euros respecto al modelo actual. La portavoz ha calificado la iniciativa como jurídicamente insostenible y contraria a los criterios de igualdad y equidad entre territorios.

La responsable regional ha confirmado además su asistencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para este miércoles, donde Extremadura manifestará su rechazo a la propuesta y defenderá los intereses de la región. Aunque ha descartado un abandono de la reunión en señal de protesta, ha subrayado que acudirá para exigir el respeto a la legalidad vigente y al marco constitucional.

En su intervención, Manzano ha cuestionado los fundamentos del nuevo modelo, al que atribuye motivaciones políticas. En este sentido, ha señalado que el planteamiento responde a compromisos del presidente del Gobierno con el independentismo catalán, que supondrían una asignación millonaria financiada, a su juicio, con recursos del conjunto de los ciudadanos.

Asimismo, ha criticado que el reparto previsto beneficie de manera destacada a Andalucía, una circunstancia que ha vinculado al actual contexto político y a la candidatura de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en esa comunidad. Para la Junta, este enfoque rompe con los criterios de justicia territorial y perjudica directamente a regiones como Extremadura.