El spam telefónico continúa siendo una de las principales molestias para los consumidores, a pesar de los cambios normativos aprobados en los últimos años para frenar estas prácticas. Lejos de disminuir, las llamadas comerciales no deseadas siguen siendo habituales y, según diversos datos recabados entre usuarios, incluso han aumentado en los últimos meses.

La modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, en vigor desde junio de 2023 tras un año de moratoria, estableció el derecho de los ciudadanos a no recibir llamadas comerciales sin consentimiento previo expreso. Con este cambio, España pasó del sistema de “opt-out” al de “opt-in”, prohibiendo en teoría el contacto comercial no autorizado. A esta norma se sumó recientemente la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que limita el uso de sistemas automatizados y prohíbe aprovechar llamadas de atención al cliente para realizar ventas.

Sin embargo, la aplicación práctica de estas leyes dista mucho de los objetivos anunciados. Según los datos analizados, un 63,8% de los consumidores afirma haber recibido llamadas comerciales en los últimos 15 días, una cifra que evidencia que el acoso telefónico sigue siendo masivo y estructural. Solo un 36,2% asegura no haber sufrido este tipo de interrupciones.

La mayoría de las llamadas se reciben en el teléfono móvil, con un 73,8%, frente al 53,8% en teléfonos fijos, lo que incrementa la sensación de invasión de la vida personal. Pero uno de los datos más preocupantes es el origen de estas comunicaciones: un 70,2% de los encuestados asegura haber recibido llamadas procedentes del extranjero.

Esta circunstancia revela una de las principales vías para esquivar la normativa española. Muchas llamadas se realizan desde call centers ubicados fuera del país y utilizan técnicas de suplantación de identidad, conocidas como caller ID spoofing, que hacen aparecer números españoles en la pantalla del usuario. Esta práctica, apoyada en tecnologías VoIP, dificulta enormemente la actuación de las autoridades y crea un vacío jurisdiccional que favorece la impunidad.

Además, un 66 % de los consumidores percibe que recibe más llamadas ahora que hace seis meses, lo que refuerza la idea de que las medidas legales no están teniendo el efecto disuasorio esperado. A ello se suma la automatización del acoso mediante robocalls, capaces de realizar millones de llamadas a bajo coste y de revender los números activos en mercados ilegales.

La dificultad para denunciar, con procesos largos y una elevada carga de prueba para el usuario, agrava aún más la situación. Pese a contar con un marco legal garantista, los consumidores se enfrentan a una realidad tecnológica global que desborda la capacidad de control de las autoridades.

Expertos y asociaciones de consumidores coinciden en que, sin una mayor cooperación internacional, herramientas de control más eficaces y una actuación proactiva de las administraciones, el spam telefónico seguirá siendo una práctica habitual. Mientras tanto, el teléfono continúa sonando y la promesa de acabar con el acoso comercial permanece, por ahora, lejos de cumplirse.