La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un empresario de Plasencia, administrador de una empresa constructora, a dos años de prisión por un delito de fraude a la Seguridad Social, tras no abonar las cuotas en el período de 2021 a 2023.

El tribunal le ha impuesto también una multa de 928.030,22 euros, el doble de la cantidad que defraudó, así como una responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de prisión en caso de impago. También se le prohíbe durante cuatro años obtener subvenciones o ayudas públicas y beneficiarse de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

La empresa constructora, ha sido condenada a una multa cercana al millón de euros y a la prohibición de acceder a ayudas, subvenciones o beneficios fiscales durante tres años.

Tanto el empresario como la empresa deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Tesorería General de la Seguridad Social con 461.453,70 euros, además de 2.561,41 euros correspondientes a la deuda con el Registro de Trabajadores Autónomos.