La Audiencia Provincial de Cáceres ha fijado para el viernes 3 de marzo de 2026 el juicio contra el ex jefe de la Policía Local de la ciudad, Benedicto Cacho, y otro agente, acusados de un delito de revelación de secretos con el agravante de ser funcionarios públicos, después de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo de conformidad.

La Audiencia celebró este jueves una vista oral previa con el objetivo de explorar un posible acuerdo, que finalmente no se produjo, por lo que el procedimiento continuará con la celebración del juicio oral el mes de marzo.

Benedicto Cacho, que actualmente se encuentra en segunda actividad, está acusado de haber filtrado parte del contenido del examen de las oposiciones a la Policía Local de Cáceres celebradas en 2022, en las que se ofertaban ocho plazas. Por estos hechos, la Fiscalía Provincial de Cáceres solicita una pena de 2 años y 6 meses de prisión, además de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El procedimiento se inició en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres, aunque la defensa solicitó su inhibición a favor de la Audiencia Provincial, al amparo de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que establece que los delitos presuntamente cometidos por miembros de los cuerpos policiales deben ser juzgados por la Audiencia.

En el caso del segundo acusado, director de la academia de formación en la que presuntamente se filtraron las preguntas del examen, la Fiscalía solicita cinco años de prisión por un delito tipificado en el artículo 418 del Código Penal, al considerar que aprovechó para sí y para terceros la información obtenida de un funcionario público.

Además, se pide para él la prohibición de obtener subvenciones o ayudas públicas y de acceder a beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante diez años, así como una multa equivalente al triple del beneficio obtenido.

Los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó las bases de la convocatoria. Las pruebas se celebraron en octubre de ese mismo año y, un año después, se abrieron diligencias judiciales tras una denuncia del sindicato CSIF, que recibió de forma anónima un pendrive con conversaciones de WhatsApp que apuntaban a una presunta filtración de los exámenes.

Según el escrito de la Fiscalía, el entonces jefe de la Policía Local, que formaba parte del tribunal examinador, habría revelado al director de la academia los temas concretos del examen, entre ellos la Ley de Espectáculos Públicos de Extremadura, que formó parte de la prueba práctica y del tercer ejercicio, celebrado el 28 de octubre de 2022.

El tribunal había fijado el contenido de esa prueba dos días antes, el 26 de octubre, y, tras ello, el jefe policial habría contactado con el profesor de la academia. Este último habría transmitido la información a sus alumnos el 27 de octubre, un día antes del examen, como reflejan mensajes de WhatsApp incorporados a la causa, entre ellos: “Miraros la orden 16 de septiembre de 1996”, acompañado de un archivo en PDF con la citada normativa.

Los agentes que superaron las oposiciones ejercen actualmente como policías locales, mientras la causa judicial sigue su curso a la espera del juicio señalado para marzo de 2026.