El jueves 18 de diciembre se celebrará en la Audiencia Provincial de Cáceres el juicio contra el que fuera jefe de la Policía Local de la ciudad, Benedicto Cacho, acusado de un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración del examen de las oposiciones al cuerpo en 2022. La vista ha sido fijada a las 12.30 horas para posibilitar una conformidad entre las partes.

La Fiscalía Provincial solicita para Cacho una pena de dos años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años, al considerar el agravante de su condición de funcionario. 

El proceso comenzó en el Juzgado de lo Penal nº1 de Cáceres, aunque posteriormente fue remitido a la Audiencia Provincial tras la petición de la defensa, apoyada en la normativa que determina la competencia de este tribunal cuando los encausados son miembros de los cuerpos policiales.

En la causa figura también como acusado el director de la academia donde presuntamente se habrían divulgado parte de las preguntas del examen. Para él, la Fiscalía pide cinco años de prisión por beneficiarse del secreto comunicado por un funcionario, además de la prohibición durante diez años de acceder a subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales y de Seguridad Social, así como una multa equivalente al triple del beneficio obtenido.

Los hechos se remontan a 2022, cuando se convocaron ocho plazas de agente de la Policía Local a través de un sistema de oposición libre. Tras la realización de las pruebas en octubre de ese año, un anónimo remitido al sindicato CSIF acompañado de un pen drive con conversaciones de WhatsApp sobre la supuesta filtración motivó la apertura de diligencias un año más tarde. Los aspirantes que superaron el proceso se encuentran ya en activo.

Según la investigación, el jefe de la Policía Local, que formaba parte del tribunal examinador, habría comunicado al profesor de la academia los temas que saldrían en el examen, entre ellos la Ley de Espectáculos Públicos de Extremadura, incluida posteriormente en la prueba celebrada el 28 de octubre de 2022. 

El tribunal había concretado los contenidos dos días antes, el 26 de octubre, y la Fiscalía sostiene que el docente trasladó esta información a sus alumnos el día previo al ejercicio, acompañándola de material normativo relacionado.

La Audiencia Provincial será ahora la encargada de resolver un caso que ha generado gran repercusión en el ámbito local por la trascendencia del proceso selectivo afectado.