El Ejecutivo ha decidido ampliar un año más el plazo para que empresas y trabajadores autónomos adapten sus sistemas de registro contable al modelo Verifactu, integrado dentro de la normativa antifraude de Hacienda. 

La obligación, que debía activarse progresivamente a partir de 2026, no será efectiva hasta enero de 2027 para aquellas actividades económicas que aún no hayan completado la transición.

Se trata del segundo aplazamiento de una medida que inicialmente se había planteado para 2025. Posteriormente, el Gobierno fijó dos fechas clave: el 1 de enero de 2026 para las compañías sujetas al impuesto de sociedades y el 1 de julio del mismo año para autónomos. 

Las previsiones de la Agencia Tributaria situaban en alrededor de dos millones las empresas obligadas a sumarse al sistema, y en unos 2,4 millones los autónomos afectados.

El sistema busca garantizar la trazabilidad de todas las operaciones registradas mediante el Sistema Informático de Facturación (SIF), sea a través de un software específico o de herramientas básicas como hojas de cálculo.

La principal novedad es que la transmisión de datos deberá realizarse a través de programas certificados por la Administración, lo que permitirá a la Agencia Tributaria acceder de forma automática a los registros de facturación. Las modificaciones solo podrán efectuarse en caso de error y de manera inmediata, reforzando así el control sobre la contabilidad empresarial.

Con esta prórroga, el Gobierno pretende facilitar la transición tecnológica y evitar que la implantación del sistema genere cargas excesivas para el tejido productivo, especialmente para autónomos y pymes.